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Entrevista Teresa Ribera: “El sector financiero debe estar al servicio de la acción climática y no al revés” Now

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Teresa Ribera: “El sector financiero debe estar al servicio de la acción climática y no al revés”

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Eduardo Robaina

27 Septiembre 2019 14:02

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La ministra para la Transición Ecológica en funciones habla de cara a la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU

Esta historia fue publicada originalmente en Climática. Se republica aquí en el marco de la participación de PlayGround en Covering Climate Now, una colaboración global de más de 300 medios de comunicación para fortalecer la cobertura de la crisis climática.

Cuando Teresa Ribera (Madrid, 1969) llegó en junio del año pasado al entonces llamado Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una de sus primeras decisiones fue, precisamente, cambiarle el nombre. Pasaba así a dirigir el Ministerio para la Transición Ecológica. Un acto simbólico que servía para aventurar la política de transición ecológica y energética que la exsecretaria de Estado de Cambio Climático quería liderar. No obstante, a pesar de los avances en la materia, la ministra en funciones considera que “ocho meses de trabajo efectivo” no son suficientes para “hacer todo lo que uno quiere hacer”, como es aprobar la tan esperada ley de cambio climático.

En los días previos a su viaje a Nueva York, donde asistirá a la Cumbre sobre la Acción Climática organizada de manera extraordinaria por el presidente de la ONU António Guterres, Teresa Ribera responde a este cuestionario de Climática.

Esta semana, el Congreso ha aprobado la moción de Unidas Podemos de declarar el estado de emergencia climática en España. Hay voces que consideran que puede ser contraproducente si esta declaración no va a acompañada de medidas concretas, como es el caso. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Yo creo que es una buena noticia que el Congreso haya aprobado la moción por la que se declara el estado de emergencia climática en España. No es suficiente. Me parece que las declaraciones son buenas y tienen que venir acompañadas de un programa de actuación, con medidas concretas que permitan facilitar las respuestas a la emergencia climática. Algo en lo que desde el Gobierno veníamos trabajando desde hace mucho, con un marco aún más completo de lo que, hoy por hoy, siguen siendo las propuestas de un Green New Deal a nivel europeo. Ese “nuevo pacto social verde” nos parece fundamental, pero debe ser complementado con herramientas de transición justa que permitan no solamente responder con ambición a la emergencia climática, sino hacerlo con justicia social.

Esto no significa que la declaración sea contraproducente: al contrario, creo que es bueno per se. Y a sus señorías, a los señores diputados, me parece que se les puede plantear qué es lo que desde su respectivo ámbito de responsabilidad pueden hacer. Porque no se trata solamente de que el Ejecutivo proponga y adopte medidas, que evidentemente es su obligación, sino que también lo haga el Congreso de los Diputados. Sería muy interesante, por ejemplo, un compromiso de compatibilidad climática de todas las leyes que pasen por allí, o un seguimiento de lo que corresponde a la incidencia que está teniendo el cambio climático y a las oportunidades en cada una de las circunscripciones de cada diputado, entre otras. No me cabe duda de que esta declaración es una buena base para seguir construyendo.

La semana pasada, durante el pleno del Congreso, el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez propuso «llegar al 50 o 55% de reducciones de emisiones para 2030 en lugar del 40% actualmente previsto». ¿A través de qué medidas concretas esperan cumplir esa promesa? ¿Por qué no se puede acelerar el proceso?

El presidente se refería a que el Gobierno de España defiende un aumento de ambición en la Unión Europea, pasando de una reducción de emisiones de al menos un 40% en 2030 a un 55%. Nos parece que ese 55% es un aumento de la ambición razonable, que proyecta cuánto más podríamos reducir de manera sensata, es decir, no decretando cierres de un día para el otro, sino anticipando estrategias de transición justa y facilitando una rapidísima adaptación de nuestro parque de viviendas construido, de nuestra movilidad o de nuestro sistema energético.

Cuando proponemos un 55% de reducción de emisiones para 2030 en el conjunto de la UE, respecto a 1990, y nosotros estamos planteando una reducción de 37 puntos con respecto a nuestro nivel actual, creemos que estamos en línea con lo que consideramos que es una ambición importante por parte de España, que explica por qué fue calificado tan bien por parte de la Comisión nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Ese plan nos asegura el poder alcanzar el objetivo de descarbonización total de la economía en el año 2050. Cualquier escenario por debajo de un 37% de reducción respecto al escenario actual en 2030 nos haría muy difícil poder cumplir con el objetivo de descarbonización completa para el año 2050.

Ojala pudiéramos acelerar e ir más allá de ese 37 como consecuencia de una acción inmediata importante, pero en el punto de partida actual todavía no hemos encontrado combinaciones convincentes para poder asegurar una reducción mayor. Estas cosas no tienen una solución mágica. Se pueden combinar las medidas de forma muy diferente, bienvenido sea el debate. Pero yo creo que cuando alguien hace una propuesta de más ambición respecto a la que estamos planteando tras haber hecho un trabajo muy sólido a través del PNIEC, debe explicar de manera convincente para el conjunto de la sociedad de qué manera desarrollar una hoja de ruta y ofrece los equilibrios para que esos objetivos de mayor ambición sean alcanzables, sin olvidar la transición justa.

¿Qué espera que ocurra en la Cumbre de Acción por el Clima de la ONU y qué le gustaría que ocurriese?

En la Cumbre de Acción por el Clima de Naciones Unidas nos encontraremos un escenario en el que distintos líderes tendrán que reflexionar y explicar en voz alta de qué manera piensan ellos que se pueden activar los mecanismos para incrementar la ambición. Yo creo que la ambición en materia de clima hoy no depende solo de lo que se resuelva en foros de negociación de diplomáticos sino, sobre todo, de lo que se resuelva en las ciudades, en las capitales, en los países, en los consejos de administración de las empresas, en los gestores de recursos financieros o en las decisiones de cada uno de nosotros como consumidores o como votantes. Articular un sistema que nos permita dar visibilidad a qué es lo que está ocurriendo es misión de Naciones Unidas y es significativo pero, como digo, no es suficiente ni único. Por tanto, ¿Qué espero que ocurra en NY? Que se activen las palancas para que todo el mundo entienda que lo que hay sobre la mesa sigue siendo insuficiente, y que hay que hacer más y por parte de más actores.

¿Considera que el acuerdo Mercosur-UE consolida el actual statu quo y dificulta aún más el modelo de transición ecológica que se necesita para frenar la crisis climática?

El Acuerdo Mercosur-UE por primera vez incorpora, de manera interesante, cláusulas de protección ambiental y de orientación de política comercial en favor de objetivos ambientales. No basta porque esas cláusulas necesitan ser desarrolladas, necesitan acabar de ser consolidadas –a través de mecanismos de transparencia, de medición, de rendición de cuentas, de vigilancia, o de etiquetado– que aseguren que se cumplen esos requerimientos ambientales o, en su caso, afrontar las consecuencias de que no se cumplan.

Creo que el hecho de que instrumentos de comercio mundial, como parte de ese entramado de multilateralismos cooperativo, incorporen la necesidad de cambio y faciliten la protección social y ambiental es siempre una buena noticia. Pero estamos ensayando. Por primera vez se empieza a tomar este asunto en serio, porque hasta ahora los instrumentos comerciales no daban prioridad ni introducían limitaciones asociadas a estas preocupaciones sociales-ambientales a la altura de lo que sabemos que se necesita.

¿Por qué no ha aprobado su gobierno todavía la Ley de Cambio Climático?

El Gobierno ha tenido ocho meses de trabajo efectivo. Y en ocho meses de trabajo efectivo ha preparado un Marco Estratégico de Energía y Clima, del que forma parte el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia Nacional de Transición Justa. Se trata de un trabajo enormemente complejo, omnicomprensivo, completo y enormemente ambicioso. Ocho meses de trabajo efectivo que han supuesto un antes y un después en materia de sistema energético, en visión de lucha contra el cambio climático y acompañamiento social a través de medidas de transición justa. Lamentablemente, ocho meses de trabajo no sirven para hacer todo lo que uno quiere hacer, y eso incluye que no dé tiempo a que se tramite en el Parlamento una ley de cambio climático y transición energética que es muy necesaria. He de decir que hablamos con otras fuerzas políticas, y algunas de las fuerzas políticas progresistas eran más bien partidarias de seguir trabajando en el esquema de que fuera la siguiente legislatura la que viera la Ley de Cambio Climático, y se pudiera utilizar como herramienta para el debate electoral de la campaña. Por tanto, no entiendo muy bien cuando, entre aquellos que no querían y aquellos que querían retrasarlo, se cuestiona por qué el Gobierno, que ha sido el primero que ha planteado con total seriedad y total rigor una transformación importantísima para nuestro país a través de este Marco, no ha tenido tiempo para, en ocho meses, culminar la aprobación en el Parlamento.

Tras las nuevas elecciones, teniendo en cuenta que será difícil contar con mayoría absoluta, ¿cuándo espera aprobar dicha ley y con qué partidos cree que podría contar?

Yo creo que hay un fenómeno muy interesante, y es que todos los grupos parlamentarios salvo uno entienden que tener una ley de cambio climático y transición energética es prioritario. Y eso me parece buenísimo, y me parece una buena base de partida. De hecho, es la que ha permitido una declaración de emergencia climática como la que se aprobó el otro día: insuficiente, pero con el respaldo de todos los grupos parlamentarios menos uno. A partir de ahí se entra en el debate que exige formar consensos ambiciosos, pero consensos para ofrecer un marco estable, predecible, de transformación rapidísima del país. Soy razonablemente optimista al respecto, y evidentemente no renuncio al apoyo de nadie. Me parece que es fundamental desde una visión progresista, comprometida social y ambientalmente, conseguir la mejor ley posible. E insisto: quien no quiera sumarse a esa iniciativa, que explique por qué. Pero mi impresión es que puede sumarse mucha más gente de la que a priori pensábamos.

¿Cree que es una solución establecer tasas a aquellas acciones que más contaminan –ecotasa a la aviación, a la carne…–? ¿Se plantea introducir alguno de estos impuestos en España?

Yo creo que la fiscalidad del siglo XXI exige orientar de manera sencilla las decisiones de los consumidores desde el punto de vista de daño o beneficio ambiental. Los consumos de proximidad, la agricultura o la ganadería con arreglo a pautas tradicionales tienen grandes ventajas desde el punto de vista de custodia del territorio, de servicios ambientales, y me parece que es algo que se ha de favorecer. Mientras que otro tipo de productos ultraprocesados, complejos, pueden llevar aparejada una incidencia negativa en distintos aspectos ambientales que no siempre percibimos. Por tanto, educar al consumidor con respecto a qué representa la cadena de valor de la industria alimentaria es bueno. Me parece que hay tópicos que a veces se utilizan que no responden a la realidad, y que hay cuestiones que todavía no cuentan con una respuesta adecuada porque no dejan ver hasta qué punto nuestro comportamiento como consumidores genera una incidencia importante desde el punto de vista ambiental que no aceptaríamos si fuéramos conscientes de ello. Y, efectivamente, la fiscalidad es una herramienta interesante.

Creo que la fiscalidad sobre la aviación es, probablemente, una medida importante en la cesta de las cosas que hay que plantearse con seriedad y con rigor. Primero porque tiene una incidencia para el medio ambiente importante y creciente. Segundo porque, además, es relativamente sencilla desde la perspectiva de la proporcionalidad con respecto a la capacidad de pago. Para quien utiliza mucho el avión por razones profesionales, tendrá que asumirlo su empresa; a quien utiliza mucho el avión porque tiene muchos recursos por ello no le importa poder pagar algo más por internalizar esos costes, y a quien utiliza poco el avión, le representa poco esa tasación ambiental. Y, sin embargo, hoy no aparece recogida ni reflejada en ninguna parte el tipo de incidencia que tiene la aviación o el transporte aéreo en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hace unos días, usted publicaba un tuit donde afirmaba que una de las formas en las que el sector bancario puede actuar contra el cambio climático es con objetivos de descarbonización en la cartera de inversión. Según un informe de varias ONG internacionales, la gran banca ha invertido casi 1,7 billones en combustibles fósiles desde 2015. ¿Se plantea legislar al respecto?

El dinero, el sector financiero, las finanzas, los flujos financieros, deben estar al servicio de la acción climática y no al revés; no deben ser un problema que alimente más el cambio climático. Creo que esto explica por qué las finanzas sostenibles empiezan a ser un asunto cada vez más serio en el conjunto del sector, y empiezan a quedar reflejadas incluso en contextos regulatorios en países de nuestro entorno. Es una cuestión importantísima desde el punto de vista de la seguridad de la economía mundial. Muchas veces el sector financiero no entiende hasta qué punto puede quedar atrapado por una sobreexposición a riesgos económicos asociados a la intensidad de carbono de sus carteras de inversión, y hasta qué punto es importante que cuente con objetivos de reverdecimiento de su cartera.

Hay datos muy significativos que explican cómo los bancos, fondos de inversión de medio y largo plazo, o la banca de desarrollo van incorporando de manera más clara una evaluación de riesgo climático y limitaciones específicas a la financiación de proyectos asociados a combustibles fósiles. A mí me parece que es obvio que el sector financiero español debe hacer ese recorrido también, y conviene que empiece a ensayar o incluso a facilitar productos sencillos que nos permitan hacer el recorrido para conseguir la economía y sociedad neutra en emisiones, inclusiva y absolutamente eficiente en consumos energéticos o en afección ambiental que necesitamos. Por lo tanto sí, creo que el sector financiero debe tomarse las cosas de una manera diferente y sí, forma parte de lo que el anteproyecto de ley de cambio climático y transición justa incorpora: una obligación de transparencia, de reporte y de reorientación de las inversiones del conjunto del sector financiero, seguido de cerca por el regulador del sector, que es el Banco de España.

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