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2017 se despide como el año con más grandes incendios forestales de la década. La gestión forestal, centrada en extinción, apenas destina recursos para prevenir los desastres
05 Enero 2018 06:00
2017 también se recordará como el año en el que ardió el Parque de Doñana en junio o Galicia y Asturias después, entre otros, en octubre. Se despidió con un total de 176.587 hectáreas calcinadas en comparación con las 87.385 del año anterior. Al noroeste le tocó el peor golpe.
Pero el fuego habla en particular de una clase de incendios. Los mayúsculos. A ellos se debe las lenguas de fuego que pillaron desprotegidos a los habitantes de Vigo. Ha sido el peor año desde hace una década en grandes incendios forestales en España. Hay menos respecto a los inicios del dos mil, pero los virulentos se han multiplicado. De los 13.545 incendios que se desataron, 53 fueron de este tipo, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, que contabilizó hasta el 30 de noviembre.
Detrás del desastre hay un cóctel de factores. Que la política forestal fracasa, que los pueblos se han vaciado de gente. Que se han plantado, en vez de autóctonas, especies rentables para la industria del papel, demasiado inflamables. Que los incendios, con un clima que ha sido más seco, más cálido y, a veces, con fuertes vientos, ya no son solo una cosa que sucede en verano.
Más allá del que prende la mecha -el 96% responde a causas humanas englobando los intencionados o por descuido-, el desastre se entiende dentro de un marco.
En el hotel de carretera El Cruce en Manzanares (Ciudad Real), se reunían varias veces al año, desde 2001, empresarios de las grandes compañías españolas en extinción de incendios. Allí pudo definirse una trama de corrupción que abarca un periodo de 15 años, como detalló Contexto. La Audiencia Nacional calcula que existió un fraude que robó a las arcas públicas más de 100 millones de euros en concursos apañados. El caso se abrió en 2015 por una denuncia que los destapaba en Comunidad Valenciana. En 2017, la investigación descubrió que esa forma de actuar se dio en Cataluña, Baleares, Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Galicia, Canarias y Aragón.
Se investiga a 14 empresas, unificadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), por comportarse como un grupo criminal que presuntamente negoció y alteró el precio de los concursos públicos. Inflados los precios, se excedían los costes de alquilar, por ejemplo, un avión cisterna. La jueza Carmen Lamela declaró que la trama causó una “grave repercusión en la economía nacional”.
Las garras de estas compañías españolas -Avialsa, Trabajos Aéreos Espejo, Trabajos Aéreos Martínez Ridao, Transportes Aéreos Extremeños, Faasa o CEGISA, entre ellas- llegaron a obtener contratos también en Italia, Chile y Portugal.
Pero más allá de la corrupción, la propia gestión de la lucha contra incendios se pone en entredicho. La ONG WWF apuntó en 2014 que los presupuestos destinaban un 63% a la extinción, un 13% a la restauración y un 23% a la prevención.
“La gente enseguida cree que existe una mano negra detrás de los incendios. Cree que suceden porque se quiere recalificar un terreno para la construcción. La realidad es los montes se han abandonado a su suerte. Sin invertir en su mantenimiento, al fuego no le cuesta nada propagarse”, explica Miguel Ángel Soto, de Greenpeace.
Por eso, cuando el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, salió hablando de “terrorismo incendiario”, el fiscal Medio Ambiente gallego declaró a la Cadena SER que ponía en seria duda que hubiera una banda organizada detrás. La experiencia suele decir que es cosa de un despiste, en un bosque descuidado y en un día que propicia que el fuego se expanda.
“Los grandes incendios no se pueden abordar con agua, sino con gestión forestal que evite el desastre. En vez de hidroaviones, se debería destinar más recursos para forestales y no en vender los bosques a las empresas. En el noroeste, se han fomentado las plantaciones de eucalipto. Sirven para sacar pasta de celulosa con la que se fabrica el papel, como hace la compañía española Ence. En Portugal se prohibió extender estas plantaciones tras el gran incendio de Pedrógão este año. En Galicia o Asturias, nada”, dice Juan López de Uralde, de EQUO.
Preocupa esta gobernanza y la dejadez que no afecta solo a los bosques. Cada vez más el fuego llega a las puertas de las casas.
Se evacua cada vez más. En el siniestro de Pedrógão Grande, Portugal, murieron 64 personas que quedaron atrapadas en sus casas o en sus coches mientras huían por la carretera. En Carcaixent (Valencia) hubo que desalojar a 400 personas de tres urbanizaciones en 2016. En Xàbia y Benitatxell (Alicante), ese mismo año, se movió a 1.400 vecinos por el peligro. WWF hizo un informe en 2017 titulado "Fuego a las puertas".
“Entre los años 2001 y 2011 la población creció un 10%, mientras que la urbanización [en España] lo hizo en un 23%, muy por encima de las demandas reales”, escribió la organización. En todo el arco mediterráneo, desde Gerona a Alicante, y en Málaga, Mallorca e Ibiza, detectó una construcción “salvaje y caótica”.
De pastos y pequeños cultivos en medio de algunos bosques poco espesos, se pasó en apenas unos años a “masas forestales espesas, continuas, con mucha vegetación en su interior y salpicadas de construcciones y urbanizaciones”, apuntó. Puro combustible.
Se dan, dicen los expertos, dos problemas. La gente se ha marchado de los pueblos. Se ha abandonado actividades tradicionales como el pastoreo o la recogida de leña que limpiaban y hacían de barrera. Sin ella, el bosque se expande y adentra en las poblaciones. El otro problema, distinto, es el pelotazo que se pegó y levantó urbanizaciones en terrenos forestales. En 2015 hubo un 40% de rescates siendo que en 2005 siendo que se produjeron menos incendios.
La provincia de Guadalajara, Cuenca o Soria presenta riesgo, medio, porque están vacías. Madrid y Gerona elevado porque las urbanizaciones anidan en mitad árboles densos. Ávila, ha visto arder el Valle de Tiétar en las últimas décadas. En las islas se construyó al calor del boom turístico en zonas de arbolado. El informe de WWF encontró que existe 1,1 millones de hectáreas donde convergen viviendas con vegetación y que solo el 10% disponía de un plan de prevención. "A modo de ejemplo, solo siete de las 1.051 urbanizaciones que existen en zonas de interfaz en la Comunidad de Madrid tienen un plan de autoprotección", informaban.
"La magnitud, intensidad y frecuencia de los incendios revela el fracaso de la política forestal de los últimos 70 años. La falta de prevención en una creciente situación de riesgo por el cambio climático hace que sea necesaria una nueva gestión forestal adaptada a este nuevo escenario", señala Fernando Prieto, doctor en Ecología del Observatorio de Sostenibilidad.
“Cuesta hacer entender que debería preocuparnos que no se destine apenas dinero a la prevención. Se suele pensar que un incendio es algo puntual que ocurre porque sí. Lo cierto es que nuestro paisaje, sin atención y plagado de especies inflamables sin control, puede llevar las llamas más cerca de lo que queremos”, señala Uralde, de EQUO.
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