Hace una semana el Gobierno español rehusó echar para atrás la prisión permanente revisable. O lo que es lo mismo: la cadena perpetua se quedó en España porque el pueblo así lo había pedido. Semanas antes, una campaña en Change.org, que sobrepasa ya los dos millones de firmas, había sido el empujón final. Se lanzó a iniciativa de Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, la joven de 18 años secuestrada, violada y asesinada el pasado verano en A Pobra do Caramiñal (Galicia). El PP justificó la medida en que el “clima social era propicio”. El resto de partidos estaban en contra.
La escena no es demasiado distante a la de los juicios de Salem en Estados Unidos. Allí, entre 1692 y 1693, bajo un simple alegato de sospecha y sin pruebas, el pueblo decidía a qué mujer se la mandaba a la hoguera, por bruja. Las autoridades de la época —¡1692!—prometían cada vez castigos más severos a cambio de apoyo popular.
En pleno 2018 en España no se manda a nadie a la hoguera por una campaña con millones de firmas. Pero sí se ha instaurado un fuerte recorte de derechos fundamentales a cambio de un puñado de votos. Así es como lo ven el resto de partidos políticos y cientos de juristas que estos días han firmado un manifiesto y opinado en medios de comunicación contra la justicia sometida al dictado populista. Si la justicia ya estaba maltrecha, esta es otra injerencia contra el que se suponía el último resorte para frenar al puertohurraquismo español.
En 1990, los hermanos Izquierdo se tomaron la justicia por su mano en el pequeño pueblo de Puerto Hurraco, Extremadura. Mataron a 9 personas a punta de escopeta, entre ellas, a dos niñas, por una venganza contra la familia rival, los Cabanillas.
Populismo contra efectividad
Uno de los motivos por los que juristas y partidos políticos se han posicionado en contra de la prisión permanente revisable es por su ineficacia. La medida se justifica con el fin de evitar que criminales peligrosos y reincidentes vuelvan a delinquir y para castigar los delitos más graves. Pero el centro del asunto no está en un número marginal de delincuentes que no representan ni el 1% de los delitos. De hecho, desde su recuperación, la perpetua solo se ha aplicado una sola vez, en el caso de un padre que mató a sus dos hijas con una motosierra.
Dice Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia: “La prisión tiene una función de reinserción social, como está recogido en la Constitución, pero la prisión permanente revisable está diciendo que algunos no pueden salir y eso, en el fondo, es inconstitucional”.
“El Gobierno —prosigue De Lucas— ha acudido al argumento del miedo, al decirle a la población que la va a proteger contra una amenaza. Y eso genera cohesión. Pero la política judicial del Gobierno Rajoy es una involución. Desde el ojo por ojo, la cultura del derecho ha avanzado en los siglos para lograr el mayor equilibrio, pero esta medida no apela a un discurso complejo de racionalidad, sino que se aferra al sentimiento natural de lo que es justo.”
"Una cosa es resolver un debate con dinámicas que pueden derivar en el escarnio público, que no es lo deseable, y otra es que el problema se solucione con la violencia del Estado"
José Ángel Brandáriz, profesor de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña
A través de agrandar un problema que no es tal, el de los delitos graves, se defiende una medida que supone una “distorsión de los derechos humanos”, como asegura, por su parte, José Ángel Brandáriz, profesor de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña. “La cadena perpetua no tiene ninguna eficacia preventiva. La estancia en prisión solo desadapta más a los convictos y donde habría que poner el foco es en el proceso de salida de prisión, que es cuando los delincuentes se rehabilitan”.
Para Brandáriz, el sistema penal español copia al más severo del hemisferio occidental, el estadounidense, pero lo hace solo en la parte más superficial. “España es el país del entorno con la pena más larga, 40 años”, recuerda. “Lo que se olvida aquí es que incluso en Estados Unidos se vuelcan una barbaridad de recursos en el momento de la salida de la cárcel, incluso impulsados por gobiernos conservadores como el de Bush”.
El caso de los delitos sexuales es un ejemplo: se pone toda la atención en las violaciones más graves como en los casos de Quer o Marta del Castillo. Luego, se aplica una medida que pone toda la carga en el castigo. Mientras, el 80% de violaciones y abusos sexuales ocurren en el ámbito más cercano de las víctimas y apenas se dedican recursos a la prevención y a la detección de esos delitos.
Feminismo y cazas de brujas
Paralelamente a la renovación de la perpetua en España, algunos señalan que la oleada provocada por el #MeToo y las reinvindicaciones feministas han dado alas a un clima social propicio al mismo populismo penal que se ha generado alrededor de casos como el de Diana Quer o Marta del Castillo. Es el caso de columnas como la de la autora Margaret Atwood alertando sobre el peligro de desestimar principios fríos del derecho como la presunción de inocencia al señalar públicamente y sin pruebas a personajes como acosadores, o declaraciones como las del cineasta Michael Haneke denunciando la presunta caza de brujas del feminismo.
Casos como el de "la manada" en Sanfermines parece que se hubieran tratado públicamente sin dejar un solo resquicio de defensa a los acusados mientras que otros, como el de Juana Rivas, han cosechado un apoyo popular cerrado de defensa de la mujer que se llevó a sus dos hijas sin respetar una decisión judicial.
Ante esto, Beatriz Gimeno, diputada de Podemos, tiene una respuesta clara: “La reacción social a este tipo de casos no es un clamor para que se apliquen condenas. No, nadie está pidiendo venganza, ni que Woody Allen vaya a la cárcel. El feminismo es de los pocos movimientos que no ha dejado víctimas en su camino. Lo que se pide es que en un caso claro de violación como el de San Fermín, el juez no ponga en duda la versión de la víctima o tome como pruebas su vida privada. O que, en el caso de Juana Rivas, el juez no dictamine que los hijos vuelvan con un tipo que tenía una sentencia firme por maltrato.”
"El clima del #MeToo no es más que una reacción natural a vergüenzas como que la violación conyugal no se castigase hasta los años 80, que un abuelo sea absuelto por violar a su nieta o que se tome en cuenta el síndrome de alienación parental que dice que las madres inducen a sus hijos a que denuncien a los padres, cuando cientos de estudios dicen que hay que hay que tomar como pruebas los testimonios de los niños víctimas de abusos. Es una demanda para que la justicia sea justa"
Beatriz Gimeno, diputada de Podemos
“Este clima —prosigue Gimeno— no es más que una reacción natural a vergüenzas como que la violación conyugal no se castigase hasta los años 80, que un abuelo sea absuelto por violar a su nieta o que se tome en cuenta el síndrome de alienación parental que dice que las madres inducen a sus hijos a que denuncien a los padres, cuando cientos de estudios dicen que hay que hay que tomar como pruebas los testimonios de los niños víctimas de abusos. Es una demanda para que la justicia sea justa. Y eso implica que estamos en contra de una cadena perpetua contraria a los derechos humanos que no enfrenta las causas estructurales de la injusticia, y en concreto de la violencia de género”.
Brandáriz, el profesor de A Coruña, concluye: “Una cosa es resolver un debate con dinámicas que pueden derivar en el escarnio público, que no es lo deseable, y otra es que el problema se solucione con la violencia del Estado. Esto es lo que sucede en España y en otras democracias tardías, que tienen una inercia autoritaria y las cosas se resuelven a golpe de BOE y no a través de la resocialización de los problemas”.