*Horas después de la publicación de este artículo, el ministerio de Interior venezolano confirmaba la muerte de Óscar Pérez en el enfrentamiento de su grupo con un colectivo de civiles armados y un comando de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. En el enfrentamiento fallecieron otros miembros de su grupo y dos policías. Según el testimonio del Ministerio del Interior, los de Pérez «abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos».

Óscar Pérez, el piloto de helicóptero venezolano y exagente de la policía científica de Caracas se mostraba en un vídeo con la cara ensangrentada mientras se escuchaban disparos de fondo. Estaba atrincherado con su grupo de policías disidentes en una casa a 25 kilómetros de Caracas, en la carretera a El Junquito. Las Fuerzas de Acciones Tácticas Especiales (FAES) fueron con todo para capturar —cuando no neutralizar— al grupo de Pérez. Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la intervención de las fuerzas gubernamentales fue brutal: atacaron a Pérez y a sus hombres con un lanzagrandas antitanque RPG-7, con desproporción de fuerzas y una contundencia innecesaria. Pérez habría grabado el vídeo como un salvavidas ante la acción de la FAES. Dijo que él y los suyos querían entregarse pero que allí solo querían terminar con sus vidas. Hay varios policías de uno y otro bando muertos, hay heridos y se desconoce si el propio Pérez está entre las bajas mortales.

La crudeza de las imágenes ha llevado a medios y opositores al régimen venezolano a romantizar a Pérez como un héroe; un valiente de ojos azules, patriota y padre de familia, "el rambo venezolano" que se ha opuesto a la maquinaria tiránica de Nicolás Maduro. Pero no nos confundamos. Dejando de lado la dudosa intervención de la FAES, la cara ensangrentada de Pérez no debe hacernos olvidar que, como mínimo, se podría considerar un terrorista. El piloto es alguien que abandonó la disciplina de la fuerza policial para levantarse con un helicóptero sobre Caracas para disparar repetidas veces sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sobre edificios del Gobierno. Posteriormente, fugitivo, formó un grupo de resistencia armada con otros compañeros disidentes. Lanzó comunicados de desafío al régimen en vídeos en los que aparecía rodeado de personajes con la cara tapada fuertemente armados.

Es cierto que el año pasado, el TSJ anuló el poder legislativo de la Asamblea, controlada mayoritariamente por la oposición. Es cierto también que, de marzo a julio, hubo 140 muertos en las calles de las ciudades venezolanas por la represión policial a protestas igualmente violentas. También lo es que Venezuela es un país en el que, últimamente, se han repetido violaciones de derechos humanos y en el cual la situación económico-social apenas ha evolucionado de la carestía de alimentos y medicamentos a saqueos colectivos y brutalistas. Pero nada de esto justifica que Pérez se autoproclame símbolo de todos aquellos que disienten con Maduro, y menos por la vía de las armas.

Grupúsculos como el de Pérez deslegitiman la oposición al régimen de Maduro, ponen en riesgo la estabilidad y la democracia y, con todas las garantías judiciales, solo merecen que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

Esto es importante recordarlo porque quienes defienden a Pérez como un luchador por la libertad no opinan lo mismo cuando fuerzas disidentes de izquierdas intentan desestabilizar gobiernos de derechas. Ahora bien: lo mismo sucede al revés. La misma cadena oficialista TeleSur, que no duda en llamar golpista y terrorista a Pérez, juzga de heroico cualquier intento antidemocrático de desestabilizar regímenes derechistas en la región.

La misma cadena oficialista TeleSur, que no duda en llamar golpista y terrorista a Pérez, juzga de heroico cualquier intento antidemocrático de desestabilizar regímenes derechistas en la región

Uno de los casos más recientes lo encontramos en Argentina. Allí, el pasado diciembre, el gobierno de Mauricio Macri pasó adelante una polémica reforma de las pensiones que suponía un recorte en los ingresos de los jubilados. El kirchnerismo, en el poder antes de Macri por 12 años, no solo no condenó, sino que alentó y permitió una violenta protesta en la calle, en la que alrededor de 1.000 antisociales destrozaron la Plaza del Congreso de Buenos Aires para caer a pedradas sobre una policía desarmada (por orden de una juez kirchnerista). Querían frenar la sesión del Congreso en la que se debatía la reforma e hirieron a más de 80 policías. La lectura de aquellos acontecimientos por parte de quienes hoy no dudan en señalar al piloto Óscar Pérez como un terrorista fue la de una legítima protesta social ante una imposición neoliberal del gobierno de Macri, que fue seguida de una dura represión policial. Pero no. Macri fue elegido democráticamente en Argentina, al igual que Maduro fue elegido democráticamente en Venezuela. Si las cosas tienen que cambiar, no será ni a pedradas, ni a través de grupos armados pseudogolpistas.