El fiscal reclama una fianza por valor de 6.207.450 euros a los acusados, entre ellos Puigdemont y Forcadell
Hoy era el primer día laborable tras la votación del pasado viernes gracias a la cual se aprobó la constitución de “una república catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social”. Ese mismo día también se aprobada en el Senado el artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso independentista de Cataluña.
Tras la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y de sus consellers en virtud del artículo 155, muchos esperaban cuál iba a ser la reacción de los políticos el primer día de vuelta al trabajo. Puigdemont había emitido el sábado una declaración institucional en la que seguía ejerciendo sus funciones de jefe de Gobierno en Cataluña. “Tenemos claro que la mejor manera de defender las conquistas logradas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155, que es la consumación de una agresión premeditada a la voluntad de los catalanes que de manera muy mayoritaria y a lo largo de muchos años nos hemos sentido nación de Europa”, explicó mediante un vídeo.
El protocolo aplicado por el Gobierno central permitía a los miembros de la Generalitat cesados entrar a sus despachos para recoger sus cosas pero no quedarse en su interior. Tan solo uno de los miembros del ejecutivo catalán, el conseller de Territorio Josep Rull, ha anunciado públicamente que seguía en el ejercicio de sus funciones.
Uno de los que ha acudido a su puesto de trabajo ha sido Cèsar Puig, secretario general de Interior, pues no se considera cesado.
Otros, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sí que han acatado la disolución del Parlament decretada por el Gobierno y ha desconvocado la reunión de la Mesa de la cámara que iba a tener lugar este martes. Forcadell sigue siendo presidenta hasta la celebración de elecciones, previstas para el 21 de diciembre, por lo que puede convocar reuniones de la Mesa de la diputación permanente del Parlament, aunque no de la mesa ordinaria.
El protocolo aplicado por el Gobierno central permitía a los miembros de la Generalitat cesados entrar a sus despachos para recoger sus cosas pero no quedarse en su interior.
Esta mañana también ha dejado la comparecencia en rueda de prensa sin preguntas del fiscal general del Estado, José Manuel Maz. La fiscalía ha cumplido sus amenazas y ha querellado contra los políticos responsables de la declaración unilateral de independencia por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
El Fiscal ha dividido las querellas en dos tribunales: el Tribunal Supremo acusará a los aún aforados como Carme Forcadell y la Audiencia Nacional juzgará a los miembros del Govern. Maza ha remarcado que los miembros del Govern de Puigdemont serán citados a declarar y que se podrían aplicar medidas cautelares como el ingreso en prisión o una exigencia de fianza por valor de 6.207.450 euros. En total, 20 personas entre las que se encuentran Puigdemont, Junqueras y todos los consejeros y miembros de la Mesa del Parlament.
La querella de rebelión ha sido muy criticada por juristas que apuntan a que este artículo hace referencia a una rebelión violenta y con armas. Anteriormente en democracia solo se había aplicado el delito de rebelión una sola vez: tras el golpe de Estado de 1981.
La fiscalía ha cumplido sus amenazas y ha querellado contra los políticos responsables de la declaración unilateral de independencia por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Respecto a la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre, las formaciones políticas en Cataluña empiezan a desvelar sus intenciones. Mientras que las CUP no descartan presentarse pero dejarán la decisión en manos de sus bases, Esquerra Republicana acaba de anunciar por medio de su portavoz, Sergi Sabrià, que la formación sí se presentará a las elecciones autonómicas de diciembre.
PdCAT también ha confirmado que se presentará a las elecciones. "Señor Rajoy, nos vemos en las urnas", ha dicho Marta Pascal, coordinadora general del partido.
Sin embargo, hasta que llegue el 21D, el destino de las instituciones catalanas estará en manos de un solo hombre: Roberto Bermúdez de Castro, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Bermúdez de Castro, mano derecha de vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es el elegido por La Moncloa para coordinar la aplicación del artículo 155.
Ex diputado autonómico de Aragón, fue nombrado nuevo secretario de Estado de Administraciones Territoriales en noviembre de 2016. Hasta ahora, momento en el que ha pasado a la primera línea de actualidad, Bermúdez de Castro se encargaba de las relaciones con las comunidades autónomas.