Despedida por cambiar de sexo: la batalla legal de una mujer transgénero que podría cambiar la historia

Anthony Stephens sabía desde los cinco años que lo que sentía en su interior no se correspondía con su sexo biológico. Ahora, a los 58 años, su caso podría cambiar para siempre la situación de las personas transgénero en Estados Unidos.

Crecer en el seno de una familia bautista en Carolina del Norte, en el sur de Estados Unidos, no fue fácil. Tampoco salir del armario ante sus seres queridos tras décadas de una lucha consigo misma que la llevó al borde del suicidio. Su mujer lo aceptó. Su hija lo aceptó. Su familia, también. Pero, lamentablemente, no todo el mundo fue tan comprensivo.

En julio de 2013, durante sus vacaciones, Stephen escribió una carta al jefe de funeraria en la que trabajaba como embalsamador.

“Lo que debo decirte es muy difícil para mí y me está llevando todo el coraje que puedo reunir”, decía la carta. “Me he sentido encerrado en un cuerpo que no coincide con mi mente, y esto me ha causado una gran desesperación y soledad. Volveré a trabajar como mi verdadero yo, Aimee Australia Stephens, con el atuendo de trabajo apropiado. Espero que podamos continuar mi trabajo en R. G. y G. R. Harris Funeral Homes haciendo lo que siempre he hecho, que es lo mejor que puedo hacer!”.

Stephens llevaba seis años trabajando en Harris Funeral Homes, y todos sus colegas coincidían en que era una trabajadora excelente. El dueño, Thomas Rost, sin embargo, la despidió dos semanas después de leer la carta.

Rost es un cristiano devoto que se negó aceptar a Stephen como una mujer. Tal y como testificaría más tarde, la despidió porque “ya no iba a representarse a sí mismo como hombre y quería vestir como una mujer”. También afirmó que su representación como mujer resultaría “una distracción inapropiada” para el duelo de las familias, además de “un rechazo a los mandamientos de Dios”.

Su mujer Donna fue la primera que la animó a denunciar. El fallo de un primer juez fue en su contra y a favor de los derechos religiosos de Rost. Más tarde un tribunal de apelaciones de Cincinnatti le dio la razón, pero la funeraria recurrió. Ahora el caso se decidirá en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en lo que supone la batalla más trascendental del colectivo LGBTQ desde la legalización del matrimonio homosexual en 2015.

Tras años de decisiones dispares en tribunales inferiores, los magistrados del Tribunal Supremo deben decidir si el sexo es un factor determinante en el marco de la protección laboral a las personas LGTBQ que reconoce la Ley de Derechos Civiles. Se trata de una ley histórica aprobada en 1964 que prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, religión o nacionalidad, pero no dice nada específicamente sobre la orientación sexual ni la identidad de género.

El caso de Stephens es uno de los tres casos de discriminación a personas LGBTQ que el tribunal escuchará este martes 8 de octubre, así como el primer caso del Supremo que involucra los derechos civiles de las personas transgénero. Los otros dos casos son los de Donald Zarda y Gerald Bostock, dos hombres homosexuales que perdieron su empleo tras salir del armario.

En Estados Unidos, solo 21 de los 50 estados de los estados tienen leyes específicas que prohíban a los empresarios despedir a trabajadores por ser gays o transgénero. Esto significa que aunque ya sea legal casarse con una persona del mismo sexo en cualquier estado, las personas todavía pueden ser despedidas por salir del armario.

— Vídeo relacionado —

En declaraciones a The Guardian, Stephens ha lamentado que tras ser despedida “aprendí que realmente no hay protección para las personas LGBTQ”. “Te pueden despedir y puedes perder tu vivienda”, añade, “también se pueden negar a darte atención médica. Fue entonces cuando me percaté de que la envergadura del problema es mucho mayor de lo que pensaba”.

Se trata del momento más trascendente para la comunidad LGBTQ desde 2015, pero el escenario es notablemente distinto al de entonces. El tribunal se ha escorado cada vez más hacia la derecha tras los últimos nombramientos impulsados por la administración Trump. A su vez, el presidente ha revertido protecciones ganadas para la comunidad LGBTQ, y especialmente para las personas trans. Es por todo ello que fallo tendrá impacto en varias generaciones de personas queer y trans.

Tal y como explica El País, los abogados de Stephens argumentan que la discriminación “con motivo de sexo” por parte de la funeraria se produjo por partida doble. En primer lugar, porque aunque el Título VII de la Ley de Derechos Civiles solo se aplicase al sexo con el que una persona nace, la discriminación a un transgénero sigue siendo “con motivo del sexo”, ya que, si hubiese nacido con el sexo de mujer su jefe no la hubiese despedido “por vivir abiertamente como una mujer”.

Por otro lado, plantean que el despido también se debe a que ella “no cumplía la idea que tiene el propietario de cómo hombres y mujeres deberían identificarse, mirar y actuar”, un aspecto sobre el que el Supremo ya se pronunció en 1989.

Según Jay Kaplan, uno de los abogados de Stephens, una sentencia desfavorable a su cliente podría dar pie a la discriminación contra personas de cualquier género que no se ajusten a los estereotipos de sus empleadores.

Harris Funeral Homes argumenta, en cambio, que el Título VII, desde 1964 y hasta el día de hoy, “lo que prohíbe es que los hombres sean favorecidos sobre la mujer en el puesto de trabajo por motivo de sexo”.

Los casos de Zarda y Bostock también discutirán si el despido de alguien con motivo de su orientación sexual conlleva también una discriminación por motivo de sexo. Ambos aseguran que fueron despedidos por sentirse atraídos por hombres, mientras que a una mujer no la hubiesen despedido por sentirse atraída por hombres. Esto supone, por tanto, un perjuicio a su condición de hombres.

“La cuestión central es si los americanos pueden confiar en la ley tal y como está escrita o si funcionarios no electos pueden redefinir ‘sexo’ en la ley para incluir ‘identidad de género’”, explica a El País Kate Anderson, asesora legal de Alliance Defending Freedom, que apoya a la funeraria Harris de Michigan.

— Vídeo relacionado —

La administración Trump ha revertido el curso de la administración Obama y se ha puesto, en los tres casos, del lado de los empresarios que argumentan que la ley de derechos civiles no protege a las personas LGBTQ. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, en la siglas en inglés) se ha pronunciado a favor de los trabajadores.

Sea cual sea el desenlace, los casos de Stephens, Zarda y Bostock pasarán a la historia por su potencial efecto en las vidas de millones de personas. Por eso, a algunos activistas les preocupa que no hayan recibido la misma atención mediática que el histórico caso de matrimonio homosexual de 2015.

“Reconozco el hecho de que el matrimonio es un tema mucho más atractivo", dice Kaplan a The Guardian. “Pero ahora la ley establece que puedes casarte el fin de semana, volver a tu trabajo y si descubren que te has casado, puedes ser despedido”.

El precio que ha pagado Stephens por no encajar en los estereotipos de su jefe va más allá de perder su trabajo: también perdió su cobertura médica, lo que es especialmente grave para alguien que sufre una enfermedad del riñón. Afirma que a ella y a su mujer no les gusta estar en el ojo del huracán mediático, pero que no lamenta nada de lo ocurrido desde que fue despedida. “Con todas las cosas que han surgido, con la forma en que las personas transgénero están siendo tratadas, básicamente tratando de ser borradas por la fuerza de la sociedad, no me arrepiento de nada”.