Un hombre muere en un planta de reciclaje. Otro hombre, en Salamanca, muere aplastado con unos paquetes de paja. Otro hombre más, en Murcia, muere al caerse del quinto piso en un polígono. Otro operario se despeña por un tejado en Xàtiba. De vez en cuando asaltan en los medios titulares sobre obreros y obreras que fallecen. Sus muertes se enmarcan en accidentes laborales, se explican en pocas líneas. Cayó y murió. Se golpeó y murió. Se estampó y murió. Un día salen de su casa para ir a trabajar y simplemente no regresan. Casi nunca se explican los motivos o causas que hay detrás. Sus muertes se registran automáticamente en una lista angustiosamente larga como si fueran algo inevitable, fortuito o que tenía que pasar.

En 2017, a la espera de que se cierren la estadísticas anuales, se estima que alrededor de 700 personas han muerto mientras desarrollaban su actividad laboral. El informe del Ministerio de Trabajo, contabiliza 524 muertes solo de enero a octubre, un 2,9% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, esta cifra es inexacta si tenemos en cuenta contratos en negro y otras irregularidades. En realidad, la cifra de fallecidos podría alcanzar las 1.000 muertes cada año.

«Dicho brutamente: a la empresa le sale rentable perder a un trabajador comparado a lo que se están ahorrando por no utilizar unas medidas u otras». Antonio Higueras, CGT Jaén

Omar González, un joven catalán de 22 años, perdió a su padre, de 59 años, por el impacto de un silo en una granja de Fonollosa (en el Vallès Oriental). La víctima se enmarca en una de esas 700 muertes de 2017. Su padre era transportista, trabajaba para la empresa Cárnicas Josep de Vic, y en el momento del accidente se encontraba descargando pienso del vehículo. Por motivos que aún se desconocen, el silo, de unas nueve toneladas, cedió y cayó sobre trabajador. El caso está en pleno proceso judicial.

“El proceso ha sido muy lento. El accidente fue en marzo y estamos en la fase inicial. Solo hemos hecho una vista oral previa en la que no se llegó a acuerdo con la empresa. Niegan que exista una negligencia por su parte, pero nosotros nos basamos en la primera información recabada por los Mossos en las que se indicó a la empresa una serie de recomendaciones para que no volviera a suceder, por lo que entendemos que, si existen esas recomendaciones, significa que la empresa podía haber hecho algo más para impedirlo”, explica González a PlayGround. Ahora es la Inspección de Trabajo la encargada de determinar si hubo o no negligencias por parte de la empresa.

Algunas de las recomendaciones que figuran en el informe de los Mossos son la supervisión constante por algún operario de la fábrica para que el transportista nunca realice la actividad solo y que no se descargue nunca el material dando la espalda al silo. En el momento del accidente, el transportista se encontraba realizando las tareas de descarga sin ayuda de ningún operario.

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"A la empresa le sale rentable el riesgo de perder un trabajador"

“Las sanciones a empresarios con fallecimiento son muy leves, un año y medio de cárcel, por lo que nunca entran en la cárcel, y una sanción económica que tampoco es muy cuantiosa. Dicho brutamente, a la empresa le sale rentable el riesgo de perder un trabajador comparado con lo que se están ahorrando por no utilizar unas medidas u otras”, argumenta Antonio Higueras, secretario general de la CGT en Jaén.

La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor también es la encargada de fijar la indemnización en casos de accidente laboral. La regulación estima alrededor de 100.000 euros para el cónyuge y entre 9.000 y 40.000 euros a cada hijo en función de la edad. Joana Badia, abogada laboralista, agrega que estas prestaciones pueden incrementar entre un 30 y 50% dependiendo de la negligencia de la empresa. La Inspección de Trabajo se encargará de resolverlo, pero por lo general, en la mayor parte de las ocasiones, la compañía intentará lavarse las manos y desentenderse de responsabilidades adicionales.

«Los accidentes se tratan como un daño colateral. Pero la mayor parte de veces no son accidentes. La discusión aquí es cómo llamarlos, quizás en algunos casos lo más adecuado es llamarlos homicidios imprudentes». Joana Badia, abogada laboralista

La ley, además, indica que "si existe una condena penal no hay sanción administrativa, por lo que se individuliza la responsabilidad de la muerte en una sola persona. Esto significa que en algunos casos, la empresa se lava las manos y acaba en la cárcel el jefe de obra. ¿Pero estamos seguras de que solo era responsabilidad del superior inmediato?", argumenta Badia. La jurista insiste en que muchas veces las muertes por accidente laboral se tratan como un "daño colateral", un accidente sin más, pero que la mayor parte de las veces "no son accidentes". "Hay que llamarles así porque jurídicamente necesitamos un nombre. Pero la discusión es si efectivamente son accidentes o si podrían ser homicidios imprudentes".

Normalmente la empresa, si tiene a los trabajadores en regla, reconocerá el accidente sin problemas, pero costará más admitir mayores negligencias. El problema es cuando los trabajadores están en negro o dados de alta 2 horas aunque trabajen 8. En estos casos el reconocimiento es más complicado, por eso las cifras oficiales tienen un margen muy amplio de error. En el sector primario, por ejemplo, es habitual que no se contabilicen los accidentes de buena parte de los agricultores que trabajan como autónomos o de aquellos otros, ya jubilados, que siguen desarrollando actividades agrícolas o ganaderas.

Por otro lado, hasta hace poco el perfil de trabajador estaba más o menos claro. Un trabajador en una fábrica que sufría algún tipo de accidente con la maquinaria, por ejemplo. Sin embargo, cada vez se dan más casos —aunque no siempre se reconocen— de accidentes laborales producidos por infartos derivado del estrés o la ansiedad u otros problemas psicosociales. Es el caso del suicidio de un banquero en Almería tras discutir con un cliente. El Juzgado de lo Social reconoció en una sentencia pionera el suicido como muerte por accidente laboral, en tanto que determinó de forma “indiscutible” que la causa del suicidio eran el “estrés y los nervios”.

«La incertidumbre laboral nos hace trabajadores más sumisos. Quien tiene miedo a que le echen, no se quejará a su superior por no 'llevar el arnés o los guantes adecuados'», Antonio Higueras

“La precariedad es uno de los factores que más ha incrementado la siniestralidad laboral”, explica Higueras, de la CGT. La precariedad mata. Por mucho que anuncien que las cifras del desempleo han bajado, la precarización de los empleos es una realidad. La temporalidad repercute, por ejemplo, en que un obrero contratado por dos o tres meses “no se quejará a su superior por no llevar el arnés o los guantes adecuados". La incertidumbre laboral nos hace trabajadores más sumisos. Quien tiene miedo a que le echen, prefiere no quejarse. “La empresa puede hacer lo que le da la gana y las recientes reformas del PP son directamente un hachazo, casi criminales, que amparan todo eso”, denuncian desde la CGT. Además, ponen especial hincapié en que “no hace falta que un trabajador muera, la gran cantidad de cifra de accidentes laborales ya nos debería alarmar”.

Solo en 2017, según fuentes del Ministerio de Trabajo, de enero a octubre de 2017, se produjeron 423.598 accidentes laborales del tipo “grave”, un 5% más que el año pasado. Y, de nuevo, estas cifras solo hacen referencia a aquellos trabajadores en regla. “En el caso de las mujeres la precarización es doble, por ejemplo, se da mucho en las trabajadoras domésticas. Si se rompen un brazo fregando es más fácil que expliquen que se lo han roto en su casa por miedo a que las echen”, explica Higueras, quien cree que porcentualmente hay mayor siniestralidad en los trabajos femeninos que los masculinos aunque no aparezca así reflejado en las cifras. “Hay mucha más economía sumergida en el sector femenino, no hay contratos, no hay nóminas, no hay alta en seguridad social, pero los accidentes siguen estando ahí”.

«La prevención de riesgos te las hace un señor que no tiene ni puñetera idea en la sala de actos del hotel, ni siquiera en las habitaciones donde limpiamos» Yolanda García, camarera de piso

Yolanda García es camarera de piso en un hotel de Benidorm y una de las portavoces de Las Kellys, el sindicato que agrupa a las trabajadoras que se ocupan de que tu habitación esté impecable cuando llegas a un hotel. García me explica el caso de una compañera, de orígen húngaro y miembro del sindicato, a quien se le cayó una cristalera encima, rompiéndole rodilla y ligamentos internos. Lleva seis meses de baja. La empleada estaba contratada por obra y servicio. Este accidente ocurrió a las 13h. A las 15h estaba despedida. Su causa permanece abierta y el sindicato lo está luchando. El hotel entiende que se trata de un accidente fortuito.

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Cursillos de prevención que no tienen nada que ver contigo

Pero más allá de enfermedades graves, “Las kellys” sufren otras enfermedades que no les son reconocidas como enfermedades profesionales, sino como meras “contingencias comunes”. Pero no lo son. “Las camareras de piso sufrimos lumbalgia, aciática, enganchones o hipertensión. Actualmente solo tenemos una única enfermedad reconocida como enfermedad laboral y es la del pie carpiano, producida por el movimiento constante del mocho o la escoba”.

El sindicato reclama también que se cumpla la ley de prevenciones laborales. “No es lo mismo trabajar en un hotel de cuatro estrellas que de dos. Lo que nos encontramos es que se dan talleres de prevención un día al año, para cumplir con la ley, pero de muy poca utilidad. En primer lugar, porque te los hace un señor que no tiene ni puñetera idea en la sala de actos del hotel, ni siquiera en las habitaciones donde realizamos nuestra actividad”, denuncia García. En estos cursos de prevención laboral se les aporta “consejos” como no doblar la espalda a la hora de barrer o no mezclar productos químicos, como la lejía o el amoniaco, para evitar intoxicación.

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“Cuando tienes 30 habitaciones por hacer y es verano, si no doblas la espalda... te fastidias las rodillas, o sea, que acabas jodida igual. O con los químicos lo mismo. Aunque legalmente están prohibidos, algunos hoteles te los acaban sacando algún día que quieren hacer limpieza a fondo”, crítica.

"Ese señor que te da el cursillo nunca te explica qué hacer cuando tienes que limpiar ese azulejo del fondo y te pasas el día de rodillas".

«Yo trabajo en una empresa de telemarketing y en el curso me enseñan a usar una sierra o un martillo. ¿Qué sentido tiene?» Antonio Higueras

Al acabar ese curso de prevención —un curso, por cierto, en horas de trabajo, pero sin eximirles de carga laboral— las empleadas firman un papelito y ya está. A otra cosa. Se supone que ya están prevenidas de futuros accidentes. Y después del curso, les tocará quedarse para recuperar las horas y acabar las habitaciones a tiempo. “Estás haciendo el curso y pensando: que se acabe ya. Solo piensas que aún te quedan 20 habitaciones por hacer”.

La prevención de riesgos laborales es una de las asignaturas pendientes. La inversión de las empresas (que se entiende como gasto) se ha reducido considerablemente, e incluso en algunos casos se ha dejado a cero. Además: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de 1995, por lo muchos colectivos denuncian que ha quedado completamente “obsoleta”.

“Yo trabajo en una empresa de telemárketing y en el curso me enseñan a usar una sierra o un martillo. ¿Qué sentido tiene?”, se pregunta Higueras. O este otro caso de una mujer que denuncia que en su empresa, una perfumería, le hicieron un curso sobre prevención en el que le hablaban de hacer un boquete en la pared. Son cursos “tipo”, incluso descargables por Internet. Además, una reforma de 2003 de dicha ley, impulsada por Gobierno de José María Aznar, permitía a las empresas de menos de 25 empleados que el propio empresario impartiera el curso de prevención que considerara. O lo que es lo mismo: un auténtico desastre en materia de prevención.

“Las inspecciones laborales son insuficientes y muy lentas”, denuncia Higueras, de la CGT. “Aunque pueden actuar a petición del trabajador, la inspección puede tardar hasta nueve meses en resolver. En esos nueve meses tienen tiempo de sobra para putearte y si quieren luego echarte”. Incluso en otros supuestos en los que la inspección debería servir para resolver problemas laborales cotidianos, dicho recurso se convierte en una herramienta inútil. Imagina el supuesto de un trabajador a quien la empresa no le otorga las vacaciones solicitadas de verano sin ninguna explicación ni amparo legal. El trabajador decide recurrir a una Inspección de Trabajo, pero es posible que cuando resuelva sus vacaciones ya hayan expirado.

Vuelvo con Omar, el hijo del transportista fallecido. Me explica que tiene el recuerdo de su padre llegando de trabajar a casa muchas veces con heridas en el dedo o en las manos. Era normal, me explica, ver a algún colega del gremio con algún dedo amputado. “Él, a pesar de todo siempre estaba medio contento, no se quejaba, ni lo venía venir”. Omar me explica, con risas y cierta ternura, que su padre era el típico obrero con cero conciencia, el que vota al PP en las elecciones. Su jornada maratoniana de 5 y media de la mañana a 7 de la tarde no le impedía valorar su trabajo, que pese a ser duro e intenso, al menos, dice, estaba “bien pagado”.

Nunca lo estuvo lo suficiente.

Hoy es Omar el que lucha, junto al abogado de la familia, por dignificar la memoria de su padre trabajador y porque la empresa reconozca los errores y, sobre todo los subsane, y que otros no tengan que morir igual.