Hablamos con distintas voces autorizadas que explican las consecuencias de esta nueva legislación
La tramitación de la proposición de ley sobre la ocupación ilegal de viviendas —impulsada por el PDECat y aprobada por Ciudadanos, PP y PNV— concluyó este martes con la votación en la comisión de Justicia del Congreso. A la espera de que se haga público el texto íntegro de la ley, asociaciones como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sindicat de Llogaters o el Observatorio DESC —el cual ya ha hecho público un comunicado de advertencia—ponen en alerta sobre consecuencias nocivas de la misma.
Primera pregunta: ¿Dónde están y quiénes son los “okupas”?
Bajo el pretexto de “fenómenos mafiosos” y de “okupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa”, se elabora esta ley que, en realidad, tiene como principal afectados a miles de personas que simplemente no pueden hacer frente al coste que implica la vivienda en España: según un estudio de 2017 del Instituto Cerdà, en España se estima que existen más de 87.500 familias ocupando viviendas (unas 262.500 personas sobre los más de 45 millones que habitan en España). Por lo tanto, puede decirse que el fenómeno no es ni mucho menos masivo, y además se extiende en los últimos años a personas en situaciones de pobreza o vulnerabilidad extrema. El mismo estudio revela que de ese porcentaje de ocupaciones solo entre un 10 y un 25% presentan algún tipo de conflictividad con el resto del vecindario.
A la calle en 20 días
La nueva ley contempla un proceso rápido de desalojo desde la comunicación del mismo (no hace falta siquiera que se confirme que las personas implicadas han recibido dicha comunicación). Desde ese momento, se podrá proceder al desalojo en un plazo de 20 días a diferencia de los 2 años estipulados hasta ahora.
Y sin garantía de realojo
El juez estará obligado a informar a la Administración de todas aquellas personas desalojadas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. El problema es que la ley no garantiza ninguna alternativa de vivienda social. No especifica nada más. Desde Podemos, muy críticos respecto a la nueva ley, aseguran que “una llamada a los servicios sociales, conociendo como están, no garantiza ningún realojo”.
Contra las familias
"Es una ley antisocial", afirma la portavoz de la PAH, Lucia Delgado, a PlayGround. "Lo que venía a resolver en un principio el problema de la vivienda, no soluciona nada en el fondo. No hay ninguna medida que vaya contra las mafias, toda va contra las familias". A la espera del texto definitivo, Delgado recalca algo más: "Deja al inquilino sin posibilidad de recurso. No se puede defender. Hasta ahora, sí había posibilidad de luchar cada situación en cada caso".
“Nosotros califiamos de okupas ilegales a los bancos que están desahuciando a la gente, esos sin son okupas criminales, están dando la patada a familias con la colaboración y la complicidad de los jueces y del Estado que saben perfectamente que todas las ejecuciones hipotecarias que se están dando están en fraude de ley", defienden Luis Chamarro a PlayGround desde la PAH Madrid.
"Nadie quiere ocupar. Casi todas las familias se han visto obligadas y muchas ya provienen de dos o más desahucios. Algunas perdieron su casa y han accedido al mercado del alquiler en plena burbuja inmobiliaria, así que no pueden continuar pagando el alquiler" (Lucia Delgado, PAH Barcelona)
Quienes ocupan es porque no queda otra
En la mayor parte de las ocasiones quien ocupa es porque no les queda más remedio. "Nadie quiere ocupar. Casi todas las familias se han visto obligadas y muchas ya provienen de dos o más desahucios. Algunas perdieron su casa y han accedido al mercado del alquiler en plena burbuja inmobiliaria, así que no pueden continuar pagando. No les queda otra: calle u ocupación", explica Delgado desde la PAH Barcelona.
Desde la crisis se han multiplicado por siete las condenas por ocupación. Pero este dato se entiende mejor si recordamos estos otros: el principal motivo de la ocupación es el déficit de parque destinado a vivienda social, el incremento del 76% desde el 2007 de hogares sin ningún tipo de ingresos y la existencia más de medio millón de casas vacías.
El cuento del "pequeño propietario"
Jaime Palomera, miembro del del Sindicato de Llogaters de Barcelona, recuerda algo más: “Mientras nos taladran día y noche con la historia del pequeño propietario al que le ocuparon el piso cuando se fue de vacaciones, lo cierto es que es un problema hiper minoritario. La mayor parte de ese 0,34% de viviendas ocupadas, es de los bancos”, apunta en un hilo de tweets. Delgado confirma: "Estos casos no digo que pueden pasar, pero son absolutamente residuales".
De dónde veníamos: ya estábamos muy mal
No hay que confundir esta ley, que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, impulsada, por cierto, por el PSOE. Esta normativa también contribuyó a agilizar los desahucios —en este caso no por ocupación, pero sí por impago de hipoteca o alquiler—. El resultado: más de lo mismo. Más desahucios y más gente en la calle.
Aunque lo peor vino después: entre el 2012 y 2013, el Gobierno del PP dio via libre a las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), sociedades de inversión que invierten para alquilar gracias a condiciones fiscales muy beneficiosas. El PP también promovió la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esa misma ley que redujo los contratos de alquiler de cinco a tres años y que, a la práctica, promueve la rotación de alquileres y facilita el aumento disparatado de los precios.
Perfecto combo para el triunfo del lobby inmobiliario.
*Bonus track* gentrificación y expulsión
A todo esto hay que sumar los disparados precios de alquiler que ya sufren ciudades como Barcelona, Madrid o Palma. España es el país de la OCDE cuyos habitantes dedican más parte de la renta a pagar en vivienda. Muchos de estos desahucios también son invisibles: por ejemplo, cuando te suben tanto el precio del alquiler (debido a procesos especulativos del mercado) que te ves forzado a abandonar la casa. Delgado, en ese sentido, aporta algo más: "La nueva ley también es conflictiva respecto a esto. Hasta ahora, nosotros recomendamos a algunos inquilinos que no pueden hacer frente a aumentos desorbitados a que resistan para poder negociar con el propietario". Esa es también es otra forma de ocupación que, con la nueva ley, se podrían ventilar en 20 días. Aún hay dudas sobre esto. Desde Sindicat de Llogaters aseguran que "sus juristas aún lo están estudiando" y creen que "en principio esta nueva normativa no afectaría a los inquilinos que queden fuera de contrato". Habrá que esperar a que se publique el texto íntegro.