4 leyes esenciales para comprender las nuevas y viejas políticas migratorias en Estados Unidos
Ningún presidente en la historia de los Estados Unidos ha deportado a tantas personas como Barack Obama. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entre 2009 y 2016 su administración deportó a 2,75 millones de indocumentados. De ahí que el primer presidente negro de EEUU sea conocido con el triste alias de “Deporter in Chief” (jefe de deportaciones).
Para ejecutar las deportaciones Barack Obama se sirvió principalmente de leyes aprobadas durante la época de Bill Clinton. Unas leyes a las que la administración Obama introdujo una serie de enmiendas y cambios para involucrar a las policías locales en tareas de inmigración y agilizar los procesos de deportación.
Las promesas electorales de Donald Trump han comenzado a materializarse en medidas concretas como la prohibición de la entrada a Estados Unidos de ciudadanos musulmanes de hasta seis nacionalidades. Los tribunales han paralizado momentáneamente la entrada en vigor de este decreto, pero es un indicio de la dirección que puede tomar el ejecutivo de Trump en materia de inmigración.
En el breve período que lleva en el cargo, Trump también ha firmado órdenes ejecutivas destinadas a reforzar los servicios de control migratorio en el interior del país. En esta coyuntura, es importante conocer las leyes —vigentes o pendientes de aprobación— que podrían convertir a Donald Trump en el nuevo “Deporter in Chief”.
1. IIRIRA
Hace 20 años, Bill Clinton criminalizó a los inmigrantes en EEUU
El pasado 30 de septiembre del 2016 se cumplieron 20 años de la promulgación de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigración (IIRIRA). Aprobada por el presidente Bill Clinton, este ordenamiento jurídico cambió el sistema de inmigración en EEUU y situó a muchos inmigrantes indocumentados en la diana de la deportación.
Grupos de defensa de los derechos humanos acusan al gobierno de Bill Clinton de aprobar leyes que criminalizaron a los inmigrantes. Unas leyes que siguen plenamente vigentes en la actualidad y de las que se sirvió el gobierno de Barack Obama para batir el récord de deportaciones.
La IIRIRA amplió enormemente el número de personas que eran susceptibles de ser detenidas y deportadas. Una amplia lista de delitos menores como el robo, la evasión fiscal o la tenencia de pequeñas cantidades de droga pasaron a considerarse felonías agravadas (delitos graves).
Una amplia lista de delitos menores como el robo, la evasión fiscal o la tenencia de pequeñas cantidades de droga pasaron a considerarse felonías agravadas (delitos graves)
Si la persona finalmente es deportada, puede verse obligada a esperar 3 o 10 años para regresar legalmente a los Estados Unidos. Una medida que ha afectado a muchos indocumentados y les ha separado de sus parejas o hijos con residencia legal en el país.
Durante su campaña electoral, Hillary Clinton se comprometió a derogar esta disposición aprobada por su marido, que impide a los inmigrantes indocumentados regresar a los Estados Unidos legalmente tras un período de espera de tres a diez años.
2. Programa 287 (g)
Policías convertidos en agentes de inmigración
El pasado 25 de enero Trump firmó una orden ejecutiva en la que instaba al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a tomar las acciones necesarias para que se firmen más acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Este programa nació en el marco de la IIRIRA en 1996 y fue revisado en 2009 cuando Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos.
Subvencionado con fondos federales, el 287(g) permite que las policías locales que se adhieren a él desarrollen funciones propias de oficiales de inmigración. Es decir, un programa que convierte a los policías en agentes de inmigración y a las prisiones locales, en centros de detención de inmigrantes.
Mientras las autoridades que lo aplican defienden que mejora la seguridad, inmigrantes, activistas e incluso algunos sheriffs consideran que causa una mala relación entre la comunidad y los agentes locales.
La decisión de acogerse al programa 287(g) compete a los sheriffs de cada condado, un cargo público elegido en las urnas. En los comicios del pasado noviembre algunos candidatos a alguaciles concurrieron con la promesa electoral de retirar el controvertido programa. La numerosa comunidad latina y diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes se movilizaron a su favor y lograron erradicarlo de algunos condados.
En estados como Texas, gobernado por el Partido Republicano, las autoridades advierten que los condados donde no se aplica el 287(g) son cómplices de la proliferación de “ciudades santuario”: poblaciones donde habitan una gran cantidad de personas indocumentadas al sentirse más seguras porque la policía local no actúa como agentes de inmigración.
Para que esto no suceda, en Texas está en fase de votación una ley, la SB4, que obliga a la policía local a asumir competencias de inmigración y que además impone penas para los cuerpos policiales, estamentos e instituciones que la incumplan.
3. Texas SB4
Prohibir las ciudades santuario, eliminar los refugios
El pasado febrero el Senado de Texas aprobó la propuesta de Ley SB4, que busca prohibir las llamadas “ciudades santuario” y penalizar a gobiernos locales e instituciones que se nieguen a colaborar con las autoridades de inmigración.
El proyecto de ley fue aprobado con 20 votos a favor y 10 en contra. Ahora la propuesta está siendo considerada en la Cámara de Representantes.
Presentada por el senador republicano Charles Perry, se trata de una medida que obligaría a las agencias estatales del orden a colaborar y cumplir con las medidas de detención de inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y organizaciones como United We Dream están llevando a cabo una serie de protestas y encuentros con congresistas para que la ley finalmente no sea aprobada.
Charles Perry.
La nueva legislación posibilitaría que los oficiales de policía pidan documentos a las personas detenidas por cualquier razón y autoriza la cooperación entre autoridades carcelarias y servicios de inmigración.
Además, la Ley SB4 podría aprobar el recorte de fondos estatales a universidades, departamentos de policía, municipios y condados que no cumplan con las normas establecidas.
La propuesta también daría a los ciudadanos la facultad de denunciar a cualquier institución que no coopere con los servicios de inmigración.
En la Casa de Representantes se están realizando cambios sobre algunos puntos que habían levantado polémica. Por ejemplo, solo se podrá preguntar por el estatus migratorio si la persona es arrestada. La versión aprobada en el Senado permitía que los agentes de policía tuvieran la facultad de hacerlo durante un simple control de tráfico.
4. DACA
Niños desprotegidos, jóvenes estadounidenses expulsados
Uno de los grandes temores que acechan a los dreamers, todos aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, es la supresión del programa DACA por parte del nuevo ejecutivo.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue creado por el Departamento Seguridad de EEUU en 2012, durante el Gobierno de Barack Obama, y ha permitido a cerca de 750.000 jóvenes obtener el permiso para estudiar o trabajar legalmente.
De los aproximadamente 11 millones de inmigrantes irregulares que en la actualidad viven en el país, 2,1 llegaron siendo menores de edad, según datos del Migration Policy Institute.
La Acción Diferida protege temporalmente de la deportación y de ser renovada cada dos años. Además del permiso de estudio y trabajo temporal, estar en posesión de DACA permite tener número de la Seguridad Social, identificación del Estado, licencia de conducción y la posibilidad de acceder a un seguro médico.
United We Dream y otros colectivos de jóvenes inmigrantes indocumentados están ejerciendo una fuerte presión en las calles y en los despachos de los congresistas para que el Gobierno no cumpla con su promesa electoral de suprimir este programa, que dejaría cientos de miles de jóvenes en limbo legal y con riesgo de ser deportados.