Se ha repetido muchas veces la frase de Susan Sontag: "encuadrar es excluir". Y es cierto: en términos periodísticos, la veracidad de las imágenes no sólo tiene que ver con aquello que muestran, sino con la coherencia de lo que muestran con lo que no muestran. Que la representación coincida con los hechos no basta: necesitamos que el contexto no desmienta su sentido.
Pero esto es precisamente lo que no pasó con la publicación del vídeo de Cristina Cifuentes robando en el Eroski. La fuerza de las imágenes —que nos llevaron de la incredulidad al meme, y del meme a la indignación— se llevó por delante la pregunta más importante, si no la única, que deberíamos habernos hecho. Porque incluso más relevante que el misterioso quién de la filtración —"guerra sucia", "escándalo fabricado", "fuego amigo"— era el por qué: ¿por qué estábamos publicando estas imágenes hasta la saciedad? ¿Por qué las compartíamos sin atender ni a su veracidad contextual ni a su valor periodístico?
Se dijo que los malos habían ganado, nuevamente. Con la filtración, el PP había dado carpetazo al caso del máster y a las pistas que apuntaban a una trama de corrupción sistémica que afectaba a instituciones públicas como la Universidad Rey Juan Carlos. Con el hurto —tan ridículo como improbable— el caso se personalizaba hasta el punto de reducirse a una patología privada, suficientemente leve como para permitirnos la mofa y empezar a escarbar en la basura: ¿qué más había robado Cifuentes a lo largo de los años?, ¿bufandas Burberry?, ¿pendientes de bisutería?, ¿dos bolsos Agatha Ruiz de la Prada?
"Quizá por la frivolidad de la cuestión —dos botes de crema Olay en el Eroski de Vallecas— no nos detuvimos en lo deontológico antes de replicar la noticia, las imágenes, el escarnio."
Se dijo que los malos habían ganado, nuevamente, porque la resolución del escándalo se había cocinado al gusto, evitando la moción de censura y asegurándose la continuidad en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, lo habrían hecho a puerta cerrada, sirviéndose de las mismas estructuras de poder que el caso contra Cifuentes, destapado por eldiario, podía llegar a amenazar. Así lo explicaba Voz Populi: Casesa, la empresa que tenía la grabación de Cifuentes robando, estuvo muy ligada al Partido Popular de Madrid en la época de Alberto Ruiz Gallardon y, de hecho, llegó incluso a llevar la seguridad del Palacio de Cibeles. ¿Y si lo importante no fuera la hipotética cleptomanía de la ex-Presidenta sino la hipervigilancia gubernamental, que como explicó Miguel Mora en Ctxt, alargaba las cloacas del Estado a través de grandes empresas privadas como Planeta?
Sí, habían ganado. La realpolitik mesetaria se había impuesto al periodismo de servicio público. Pero también habíamos perdido nosotros. Cuando Ok Diario publicó el vídeo, muchos nos conformamos con el encuadre, sin atender al contexto que lo envolvía, ni preguntarnos por la verdad que encerraba. Quizá por la frivolidad de la cuestión —dos botes de crema Olay en el Eroski de Vallecas— no nos detuvimos en lo deontológico antes de replicar la noticia, las imágenes, el escarnio. Y es cierto: parece absurdo plantear el debate sobre la ética de la imagen, que asociamos al fotoperiodismo de guerra, a las imágenes cruentas tras un atentado o a la difusión del rostro de menores. Especialmente si lo obsceno de la información afecta a un alto cargo del PP.
Pero es igualmente cierto que el valor informativo del vídeo tiende a cero. No había intencionalidad pública, sólo política. Y si volvemos a la epistemología de la imagen de Sontag, podemos incluso afirmar que en ellas no hay verdad alguna, por más que los hechos ocurrieran así. A la práctica, ya fuera como altavoz o como consumidores, ejercimos como los espectadores morbosos que imaginó Charlie Brooker en el primer capítulo de la serie Black Mirror: la condición de posibilidad para un chantaje.
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