«Quizá, tras 40 años de democracia, sea momento de tocar la sacrosanta Constitución para adaptarla a nuestros tiempos»
Al golpe posmoderno del independentismo se ha unido ahora una respuesta moderna, clásica, del Estado: Rajoy ha aplicado el artículo 155 de la Constitución para retirar competencias a la Generalitat de Catalunya, que pasarán a ser gobernadas por el Gobierno central. Los ministros manejarán las Consellerías catalanas y Puigdemont será destituido. El control durará seis meses, aunque no hay que olvidar que existe un plazo hasta el viernes 27, el día en que se vota en el Senado, para que la Generalitat rectifique y convoque elecciones. Tampoco hay que olvidar, como explica en este excelente vídeo divulgativo el politólogo Pablo Simón, que el 155 no es irreversible y se puede dar marcha atrás en cualquier momento, incluso después de activado. Tres periódicos catalanes, La Vanguardia, El Periódico y Ara, piden a Puigdemont que convoque elecciones. Es interesante el editorial de Ara, un medio abiertamente independentista, porque hacen una defensa del autogobierno (“s’han construït realitats sòlides al servei del benestar col·lectiu com l’escola en català, el sistema sanitari, la policia pròpia, els mitjans de comunicació públics…”) como si no llevaran años hablando de la opresión españolista y la necesidad de independizarse para poder ser libres. Si las cosas estaban tan bien con el autogobierno, deberían pedir que el Govern vuelva a la legalidad estatutaria, es decir, a los días previos al golpe antidemocrático que dieron los independentistas el 6 y 7 de septiembre.
Si se aplica el artículo con todas sus consecuencias, sería el retroceso de la autonomía catalana más grave desde la instauración de la Generalitat en 1977, antes incluso de la Constitución. En el documento de las medidas del artículo 155 que Rajoy lleva al Senado, el Gobierno afirma que su origen está “en el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales, a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión de dicha Comunidad Autónoma del Estado español, con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España.”
Muchos hablan de que es una intervención excesiva, pero Fernando Garea escribe en El Confidencial que “no es un 155 blando porque no hay 155 blando. Es un artículo excepcional, justificado o no, pero excepcional y, por eso no puede ser blando. Es muy duro para la democracia y para el proceso que se inició en 1978”. Y afirma que pone de manifiesto más aún el choque de legitimidades entre Cataluña y el resto de España: “En Cataluña se ve como un golpe de Estado y una especie de Gobierno de Vichy y en el resto de España parece claro que el golpe de Estado es lo que hacía la Generalitat.” En otro artículo, Garea explica que se contemplan “sanciones disciplinarias o penales contra funcionarios de la Generalitat que se resistan a ponerse a las orden del Gobierno central”.
Pero el 155 tiene muchos matices, y es libre de interpretación por parte del Gobierno. Como explica Antonio Arroyo Gil en Agenda Pública, “no otorga una especie de ‘cláusula de plenos poderes’ al Gobierno para hacer lo que considere necesario a fin de restablecer el orden constitucional”. También cuestiona que el Gobierno pueda disolver el Parlament para convocar elecciones. Es algo en lo que coinciden varios catedráticos de Derecho Constitucional. Y parece desaconsejable: los independentistas lo verían como unas elecciones bajo una ocupación, ilegítimas (tienen gracia algunos comentarios indepes que hablan de unas elecciones “sin garantías”, después del 1-O).
Hay quienes afirman que aplicar el 155 cuando no se ha declarado una independencia formal (según quién hable, Puigdemont declaró y no declaró la independencia) es incomprensible. Eduardo Roig Molés, profesor de Derecho Constitucional en la UB, afirma que el artículo no se aplica por la supuesta DUI, sino por la “abierta desobediencia al ordenamiento jurídico español en el camino hacia el logro de la independencia de Cataluña”. Esto significa que podría haberse aplicado antes, los días 6 y 7 de septiembre cuando el Govern aprobó leyes ilegales pisoteando a la oposición, pero quizá Rajoy se ha cansado de la ambigüedad de Puigdemont en las últimas semanas. Por eso le pidió que se explicara.
Mientras ocurre esto, la economía catalana se desangra (y la española, no hay que olvidar que esto afecta muchísimo a todo el país, que lo tengan en cuenta los imbéciles y xenófobos que piden el boicot a productos catalanes). En el diario Ara, Fernando Trias de Bes escribe que “El PIB de Catalunya és de 223.629 milions d’euros. Les 40 empreses més importants que han marxat totalitzen una facturació de 64.917 milions d’euros, gairebé el 30% del PIB de Catalunya.” Y continúa con una afirmación bestial: “És la crisi empresarial més greu de la història de Catalunya. Junqueras té el rècord de la història de l’economia mundial pel que fa a fugida d’empreses per hora.” También el PSC está dividido. Se ha convertido en el enemigo número uno en Cataluña por su aceptación del 155.
La aplicación del 155 no es una tontería. Como explica Ignacio Varela en El Confidencial, “gestionar Cataluña desde los ministerios es mucho más difícil hacerlo que decirlo: se trata de reorientar y hacer funcionar una maquinaria administrativa hostil, plagada de comisarios políticos, contaminada por un largo proceso de selección y depuración ideológica y adiestrada en el arte de desobedecer y burlar todo lo que proceda de Madrid.” La intervención puede, en el peor de los casos, acabar en un conflicto civil, y en el mejor, simplemente aumentar los deseos secesionistas. Como comenta Pau Marí Klose en Agenda Pública, “Aunque la mayoría de independentistas no confían todavía en que el Procés finalizará con la independencia de Cataluña, el porcentaje de los que consideran que, al final del túnel, se llegará a ese escenario se ha disparado. Mientras en septiembre de 2015 los independentistas que vaticinaban que la secesión se haría realidad eran el 21,8%, en el sondeo de este mes llegaban ya al 40,1%.” Y por el otro lado, el sentimiento nacionalista español está creciendo de manera preocupante. Tarde o temprano habrá que negociar algo, y quizá la reforma constitucional sea una buena idea. Pero en esto también están divididos los catalanes: el 49% la aprueba, frente al 45,5% que no. Y también los expertos: ¿una reforma ad hoc para Cataluña o una reforma constitucional para toda España? Quizá, tras 40 años de democracia, sea momento de tocar la sacrosanta Constitución para adaptarla a nuestros tiempos.