Tras la polémica sentencia del caso de ‘La Manada’, el Gobierno ha dado un primer paso para reformar el Código Penal y se plantea estudiar si es posible modificar o clarificar la tipificación penal de la “violación”. La sentencia a los cinco agresores por la agresión sexual en San Fermín declaró culpable a los hombres por un delito de abuso —no de violación— con la consecuente pena de nueve años de prisión.
La sociedad, representes políticos de todo el espectro político, y también algunas asociaciones de abogadas y juristas, han manifestado su descontento e incomprensión en las calles y en manifiestos públicos. La brecha es evidente: lo que una parte considerable de la sociedad entiende claramente como una violación, no se ha visto igual reflejado en la sentencia de este tribunal. Pero, ¿es preciso una modificación urgente del Código Penal? ¿O se pudieran haber interpretado los mismos hechos de forma distinta aplicando perspectiva de género? Y he aquí lo más importante: ¿Hace falta formación en esta materia a jueces y juezas, pero también abogados y abogadas, fiscalía, en definitiva, a todos los operadores jurídicos?
“Ese es el quid de la cuestión. Creo que ha faltado perspectiva de género en esta sentencia, que es lo que nos permite acercar la realidad social a la norma jurídica”, razona Lucía Avilés, portavoz de Mujeres Juezas, quien recuerda en todo caso que "ha tenido que ser una sentencia difícil". Con los mismos hechos probados, y el Código Penal vigente, se podría haber probado la intimidación: “Todo lo que se describe en la sentencia no es fortuito: habla de agobio, de bloqueo, de sentir un miedo por la integridad física y por la vida. Eso, para mí, es la descripción de intimidación”.
"Mirando más hacia el futuro, hay que ampliar nuestro campode visión, la violencia sexual contra la mujer es violencia de género" (Lucia Avilés, portavoz de Mujeres Juezas)
La exmagistrada Elena Rábade también lo ve claro: “El problema de la sentencia no ha sido el Código Penal. El tema fundamental de la sentencia ha sido la valoración de la intimidación. Y esa valoración de la intimidación se argumenta a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero esa es una una jurisprudencia hecha eminentemente desde una mentalidad concreta, desde la mentalidad de un hombre que no se sentiría intimidado con cinco hombres”.
Lo problemático es que jurisprudencia ignora por completo a la otra mitad de la población, las mujeres. “Lo que no parece asumir esta sentencia es que no solo nos sentimos intimidadas con cinco hombres. Basta que haya uno solo. Convivimos a diario con ese temor”, agrega Rábade.
Avilés también recuerda que tenemos mandatos a nivel europeo —el Convenio de Estambul y la CEDAW de la ONU— que básicamente imponen una aplicación equitativa y no discriminatoria. La recomendación 33 del CEDAW, de hecho, dedica un capítulo específico a hablar del acceso justo de las mujeres a la justicia. "Claro que tenemos herramientas, pero a veces no las saben, no las conocen", explica Rábade.
"Mirando más hacia el futuro, hay que ampliar nuestro campo de visión, la violencia sexual contra la mujer es violencia de género porque atenta prácticamente a la totalidad de las mujeres", razona Avilés.
También, aporta la magistrada, España cuenta con el Estatuto de la Víctima desde el año 2015. Este estatuto reconoce un conjunto de derechos a la víctima en el proceso penal a fin de que este sea más garantista. "Pero lo tenemos sin dotación presupuestaria. Es un contrasenido. No se puede aplicar una ley sin medios necesarios. Así que se hace lo que se puede".
Entonces, ¿reformar o no reformar el Código Penal?
“Creo que podríamos ponernos de acuerdo, pero con tranquilidad, en ajustar los tipos penales sobre la libertad sexual a una cultura que sea más ampliamente compartida sobre el consentimiento de la mujer”, explica, en este caso, el magistrado Miguel Pasquau Liaño. Pasquau cree que “haríamos bien en llamar violación a lo que todo el mundo entiende por violación, esto es, una penetración no querida por la víctima. Y dejar el delito de abusos para supuestos menos graves”. Esta definición, por cierto, es la que manejan en el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.
“A los cursos siempre vamos las mismas para contarnos a nosotras mismas lo que ya sabemos y ya hemos entendido” (Elena Rábade, ex magistrada)
“Lo de la intimidación o la violencia se entiende mejor para pasar del hurto al robo. Pero en la violación no tiene sentido aplicar esto porque por definición la víctima siempre está presente. En cambio con el robo, no: te pueden robar en casa mientras tú no estás", explica Pasquau, quien cree que, tal vez, sería "conveniente" estudiar este tipo de delitos contra a la libertad sexual de la mujer de una forma más precisa, adaptándolos a la realidad social real de cada caso.
"Tampoco se considera violación drogar a una chica y luego violarla, o dejarla inconsciente. No parece que eso sea menos reprochable que violarla enseñando un puñal”, aporta Pasquau.
Avilés agrega: “Lo que más urge son cursos de formación para jueces y juezas. Los cursos de formación en materia de género no son obligatorios. Son optativos. Y están dirigidos a los titulares de la violencia de género. Pero existe la obligación de impartir formación por parte del Consejo General del Poder Judicial", denuncia Avilés.
La formación con perspectiva de género ni siquiera forma parte del temario obligatorio para opositar para juez o jueza.
“A los cursos siempre vamos las mismas para contarnos a nosotras mismas lo que ya sabemos y ya hemos entendido”, dice Rábade. "Son optativos, están totalmente minusvalorados. Se ven como otro curso más al que vamos las mujeres. Los magistrados saben leer perfectamente, y conocen las leyes, no necesitan conocer qué dice la ley contra la violencia de género, lo que necesitan es ver qué hay detrás de la norma, qué necesita la gente".
"Tampoco se considera violación drogar a una chica para mantener relaciones sexuales, o dejarla en estado de inconsciencia. No parece que eso sea menos reprochable que violarla enseñando un puñal" (Miguel Pasquau Liaño, magistrado)
"Falta formación en todos los operadores jurídicos, fiscalia, policia, abogadas y abogados, judicatura, todas las personas que de algun modo u otro tienen contacto con la victima, ya sea en la fase de instrucción o enjuiciamiento", aporta Avilés.
Pasquau se suma: “Decir que no necesitamos estos cursos sería absurdo. Los jueces tenemos mucho por recorrer en este aspecto y en muchos otros. También conviene no sobredimensionar". Otro magistrado, Joaquim Bosch Grau, también recopiló en este hilo de tweets sus impresiones. E incide, en uno de ellos, en la falta de formación en materia de género.
"Avilés remata: "Posiblemente necesitemos ambas cosas: reformar el código penal y cursos de formación". "Y probablemente también necesitemos más mujeres, en general, en todo el sistema judicial", agrega.
En la Sala Penal del Tribunal Supremo —que determina en gran parte la jurisprudencia, y fundamenta en buena medida la sentencia de 'La Manada'— solo ha habido una mujer en sus 200 años de historia. Y lo está desde el 2015. Más mujeres, sí. "Pero más mujeres no por una cuestión numérica, más mujeres con perspectiva de género", apoya Rábade.
Ninguno de las magistradas ni el magistrado se atreve a dar un pronóstico de los dos recursos que quedan por hacer a la sentencia del caso a 'La Manada'.
¿Podemos estar tranquilas?
"La sentencia aún no es firme. Hay que ser prudentes", recuerda Avilés.
"Yo tengo confianza a medias. El Supremo está lleno de personas con una mentalidad más patriarcal ya porque tienen cierta edad. Hay muchísimos señores, demasiados, que influyen en la forma de pensar y decidir del resto. Así es como piensa la cúpula judicial en su gran mayoría", explica Rábade. "Y no lo hacen por desconocimiento de ley, ni por maldad, ni porque son malos magistrados, no son las personas, es una mentalidad patriarcal. Pero pasa aquí y en todas las carreras".