"Una sanción por terrorismo por una pelea no favorecerá al nombre de la Guardia Civil"

Los ocho jóvenes de Alsasua se juegan esta semana pasar media vida entre rejas. Este lunes empieza el juicio en la Audiencia Nacional, un juicio que llega un año y seis meses después del incidente y en un contexto de intensa expectación por el fallo que se declare. Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016. Ocho jóvenes de esta localidad, de poco más de 7.000 habitantes, se ven involucrados en una trifulca. La pelea, en el bar Koxka, se salda con heridas leves en tres personas y una fractura de tobillo en una cuarta. Las personas que resultan heridas son dos guardia civiles y sus parejas.

Desde un primer momento, este juicio ha tomado una relevancia especial por la desproporcionadas penas —según apuntan más de 200 juristas y profesores y Amnistía Internacional— que solicita la Fiscalía para los jóvenes implicados. No es una “pelea de bar”, sostienen Fiscalía y acusación. La pelea, dicen, se enmarcan dentro de las actividades terroristas. La pelea, dicen, tiene que ver con ETA, que desde el año 2011 suspendió la actividad. La pelea, dicen, es mucho más que una riña en un bar de Navarra, está planificada.

Ahora se les juzga por terrorismo. La Fiscalía pide penas de 12 a 62 años de prisión. Tres de los acusados llevan 517 días en prisión preventiva en un régimen especial de FIES, exclusivo para condenados por terrorismo. Un régimen que los ha mandado 400 km lejos de casa. Todo esto antes de que se celebre el juicio.

La pelea hace tiempo que ha dejado de ser eso.

Primer día de juicio

La primer vista de hoy ha concluido con la declaración de tres de los acusados. Tanto Fiscalía como defensa consideran que se trata de un delito de terrorismo. Las defensas de los ocho acusados no han llegado a un acuerdo previo para rebajar las penas en tanto que se niegan a reconocer los hechos.

"Se va a poner en cuestión, y ya lo está bastante, la justicia y su funcionamiento en el estado español. Una condena a estas personas provocará una desconfianza grandísima frente a la justicia" (Iñaki Lasagabaster, Catedrático de la UPV)

Este lunes han comparecido tres de los acusados: uno de ellos, Jokin Unamuno, ha declarado que solo se encaró a los agentes y les recriminó verbalmente una multas pasadas. Pero que no pasó de ahí. Asegura que no representa ni lidera Ospa (fuera!), un movimiento vasco a favor de la expulsión de las fuerzas y los cuerpos de seguridad nacionales de País Vasco y Navarra. Movimiento al que la Fiscalía relaciona a todos los imputados y por los que ve indicios de terrorismo.

Los otros dos acusados, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, también han comparecido este lunes, según la crónica de El País. El primero ha negado completamente su participación en los hechos y asegura que ya estaba en casa cuando se produjeron los hechos.

Arnanz —para que el se solicita la pena más elevada de 62 años de cárcel— sí reconoce haber estado en el bar cuando inició el altercado, pero asegura que desconocía que las personas que resultaron finalmente heridas eran guardias civiles o familiares.

De delito de lesiones a terrorismo: "Un disparate"

“El auto se aleja de la objetividad e imparcialidad a que se deben todas las autoridades y los funcionarios”, apuntaron en una carta firmada más de 200 juristas y profesores en febrero de 2017. En ella, expertos en derecho penal tachan la condena a los jóvenes de Alsasua de “disparate” al entender que incumple el criterio de proporcionalidad.

Los juristas señalan, además, un hecho relevante: en un primer momento la Audiencia provincial de Navarra no vio indicio de delito de terrorismo y ordenó la puesta en libertad de dos de los jóvenes, que en un primer momento fueron trasladados a una prisión en Pamplona. En ese primer informe de la Guardia Civil se habla de agresión, pero no de paliza organizada.

"El inicio de esta cuestión se produce por una querella del colectivo de Víctimas del terrorismo. A mí eso me parece terriblemente indicativo. No es ni la guardia civil en un atestado, ni la policia foral" (Iñaki Lasagabaster, catedrático de la UPV)

“El inicio de esta cuestión se produce por una querella del colectivo de Víctimas del terrorismo. A mí eso me parece terriblemente indicativo. No es ni la guardia civil en un atestado, ni la policia foral. Si realmente hubiésemos estado ante un hecho de terrorismo ¿de verdad creemos que la guardia civil no hubiese hecho nada?”, se pregunta el catedrático en Derecho en la Universidad de País Vasco (UPV) Iñaki Lasagabaster en declaraciones a PlayGround. “El asunto de la premeditación es clave”, sugiere.

Cuando Covite presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional, el 9 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acepta la denuncia y reclama el traslado de la causa desde la Audiencia Provincial navarra a la Audiencia Nacional. Lamela es la misma jueza que decretó prisión preventiva para los Jordis. La misma que decretó 12 años de prisión para el grupo de rap “La insurgencia”.

La jueza que llevará el caso es Concepción Espejel. En su momento fue apartada de la investigación de la trama Gurtel por su afinidad con el PP y su amistad estrecha con Maria Dolores de Cospedal. Fue recusada en 2016 y se resistió hasta en seis ocasiones. La defensa de los jóvenes de Alsasua también pidieron en esta ocasión un cambio de juez, en febrero pasado, al entender que no puede ser imparcial una mujer casada con un coronel de la Guardia Civil y que, además, ha sido galardonada por este mismo cuerpo. "Espejel mantiene lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el Cuerpo al que pertenece su marido", lo que puede ser un impedimento para garantizar el derecho a un juicio justo, señalaba la recusación presentada a la Audiencia Nacional. Fue destestimada.

Un juicio de consecuencias muy graves

Lasagabaster no quiere anticiparse a la sentencia, pero asegura que nos encontramos frente a un caso importante: en primer lugar, porque está en cuestión la libertad de estos jóvenes. En segundo lugar, porque cree que es un juicio de unas consecuencias políticas muy graves.

“Se va a poner en cuestión, y ya lo está bastante, la justicia y su funcionamiento en el estado español. Una condena a estas personas provocará una gran desconfianza frente a la justicia. Y una sensación muy grande de iniquidad y de indefensión”, explica. También cree que persiguiendo a estos jóvenes se consigue justo lo contrario a lo que persigue Covite. “Una sanción de este tipo por una pelea desde luego no favorecerá al nombre de la Guardia Civil, ¿no se dan cuenta sus promotores que van a producir precisamente el resultado contrario?”, se cuestiona.

La preocupación del catedrático no es aislada, sino que es compartida por la sociedad navarra y por otras asociaciones externas. El domingo, un día antes de que iniciar el juicio, entre 30.000 y 50.000 personas salieron a las calles de Navarra para defender a los detenidos de Alsasua. Amnistía Internacional participará como observadora en el juicio. La organización ha pedido reiteradamente que se retiren los cargos por terrorismo y que se lleve a cabo mediante proceso ordinario de delito de lesiones.

Para Lasagabaster este juicio es una “barbaridad” y otra prueba más de que España vive una verdadera “crisis del Estado de derecho”: desde la acusación por terrorismo a los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña hasta la condena por enaltecimiento del terrorismo al rapero Valtonyc pasando por la banalización de los crímenes de odio con la condena a los titiriteros, por poner solo un puñado de ejemplos. “La maquinaria sigue siendo destructiva”, sentencia. La reforma del Código Penal de 2015, y el texto ambiguo y genérico que define desde ahora terrorismo, han sido clave para amparar este tipo de causas.

“En el caso del los chicos de Alsasua quieren vincular este enfrentamiento entre jóvenes y la Guardia Civil con el movimiento local de Ospa Eguna. Yo lo veo como un aviso para navegantes. Están diciendo: cuidado, todo aquel que se adhiera a según qué movimientos, puede estar incurriendo en el terrorismo. Aunque no tenga nada que ver”, concluye.