Una normativa pionera en España prohibirá a partir de julio todos los pisos turísticos ilegales en la ciudad de Palma (Mallorca)
Buscar un piso en Palma de Mallorca con un sueldo de mileurista y para una persona sola es una misión compleja. Mucho peor, si además de un techo, te da por tener que alimentar y cobijar a unos hijos. Mucho peor, si además, coincide con temporada alta. O si no tienes empleo, o si tu empleo no llega ni a los mil. La situación de Palma es muy parecida a la de otras ciudades españolas, como Barcelona o Madrid, o europeas, donde la gentrificación de los barrios céntricos —y cada vez más de los extrarradios— hace mella desde hace ya algunos años: alquileres por las nubes y expulsión de vecinos y familias.
El Ayuntamiento de esta ciudad ha decidido adoptar una medida pionera en España fruto de una iniciativa vecinal: prohibir los pisos turísticos ilegales anunciados en páginas como Airbnb. A partir de julio, los vecinos que pongan sus pisos de inmuebles plurifamiliares —esto es, edificios y no chalets o casas aisladas— en alquiler en este tipo de plataformas se enfrentarán a multas de hasta 40.000 euros. La normativa se viene reclamando desde hace años y ha sido impulsada por la Federació de Veïns de Palma.
A partir de julio, los vecinos de Palma que pongan sus pisos en Airbnb se enfrentarán a multas de hasta 40.000 euros
“Hasta ahora teníamos en teoría una ley de turismo que prohíbe los pisos turísticos, pero a la práctica no se aplicaba. Estimamos que solo un 5% de los pisos turísticos son legales, esto es, que el 95% no tienen ningún tipo de licencia”, explica Aligi Molina a PlayGround, regidor del Ayuntamiento de Palma. La propuesta ha sido acordada por el tripartido de la ciudad formado Més per Mallorca-PSIB-PSOE y Podem.
En Palma, el precio del alquiler ha aumentado un 40% en los últimos años. Y solo en el último año más del 7%, según datos del consistorio. Los precios no paran de subir. Desde el Ayuntamiento sostienen que la proliferación del alquiler turístico ilegal es clave en esta aceleración del precio del alquiler para uso residencial. Palma es la segunda ciudad española cuyos vecinos dedican más renta a pagar la vivienda. La primera es Barcelona.
Tourists Go Home vía Twitter
Los pisos turísticos no solo contribuyen a encarecer los precios de alquiler, también transforman la identidad de los barrios. “Si paseas por el centro de Palma verás que está lleno de heladerías, restaurantes o grandes cadenas”, apunta Molina. “El turismo descontrolado e ilegal se carga la diversidad de comercios. También impide que creemos un techo turístico para planificar nuestras propias infraestructuras. Cuando los turistas se registran en hoteles u otros espacios reglados, podemos saber cuánta gente habrá un día a la misma hora, el turismo ilegal hace imposible esta labor”, apunta.
El teniente de urbanismo, José Hila, subrayó según recoge Mallorca Diario que “poner límites al uso vacacional de las viviendas es una tendencia en todas las ciudades europeas que sufren alta presión turística”. Palma es la primera ciudad en implementar esta norma en España, pero presumiblemente no será la última en los próximos meses. Otras ciudades como Nueva York, San Francisco o Berlín también han planteado importantes restricciones a Airbnb. Esta última, por ejemplo, quiso prohibirlos en 2016 e implementó una regulación estricta. Pero ahora podría recular y cambiar completamente el panorama.
La normativa no permitirá el alquiler de pisos turísticos en toda Palma. Pero esta prohibición no afecta, en principio, a casas unifamiliares (por ejemplo: casas adosadas, chalets, etc). La normativa contempla algunas excepciones, eso sí, como casas unifamiliares en suelo protegido, en zona de influencia del aeropuerto o en casas que no sean residenciales o turísticas.
“Nos hemos centrado en viviendas plurifamiliares porque ahora mismo es la preocupación inmediata. Es una cuestión de distribución urbanística de la ciudad. Tenemos que ver cuáles son las respuestas y luego decidiremos”, sostiene Molina, quien no descarta que en el futuro se tengan que “aplicar o crear otras políticas”.
Desde la plataforma ciudadana Ciutat Per A Qui L'Habita (La ciudad para quien la habita) aplauden esta normativa, pero defienden que la prohibición debería extenderse también a casas unifamiliares. “Hay que seguir luchando para que las unifamiliares entren en la prohibición, ya que su impacto no es menor en los procesos de gentrificación de las barriadas”, recalcaron este lunes en un post de Facebook.
Según datos de Airbnb, el anfitrión medio en Palma gana de media unos 7.000 euros por 61 días de alquiler. Y la ciudad alojó el año 2017 a unos 220.000 huéspedes de 147 países.
¿Es clasista prohibir solo las plurifamiliares?
En otro sentido, la vicepresidenta segunda del Consell de la isla vecina de Menorca, Cristina Gómez (Podemos), se mostró en enero de este año contraria a la prohibición de los pisos turísticos, medida que también se planteó en dicha isla.
Gómez en este caso aboga por la no prohibición: ni en el caso de unifamiliares ni en plurifamiliares. “Permitirlo tan solo en las unifamiliares aisladas, chalets —tal como se ha planteado en Mallorca— sería premiar una tipología de vivienda”, declaró en Menorca.info. Gómez considera que esta medida es “discriminatoria y clasista”, ya que solo permite que saquen tajada de los pisos turísticos aquellos habitantes con un tipo de vivienda, pero no otros.
La vicepresidenta del Consell propone, para el caso de Menorca, permitir los pisos turísticos sin distinción siempre y cuando sea “vivienda habitual” y con un “límite de 60 días al año”. Esto es: que solo alquiles tu casa o parte de ella durante un máximo de dos meses al año y siempre que sea tu vivienda habitual. O lo que es lo mismo que un solo anfitrión no pueda controlar treinta o cuarenta pisos.
Molina, regidor de Palma (Mallorca), prefiere no entrar en esta cuestión ya que cree que "cada isla tiene su realidad y necesidades diversas".
La nueva normativa de Palma entrará en vigor cuando sea aprobada definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de Palma este julio.