El juez Llarena ordena el ingreso en prisión de 5 cargos electos más e indigna a la calle
La decisión del juez Pablo Llarena de ordenar el ingreso en prisión del candidato a la presidencia de la Generalitat dfe Cataluña, Jordi Turull, en medio del debate de investidura, ha provocado un fuerte movimiento de rechazo en Cataluña contra las instituciones políticas y judiciales del estado español.
La decisión de Llarena afecta también a cuatro políticos catalanes más (Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Josep Rull). Con ellos ya son 9 los que están en prisión, acusados de un delito de rebelión y, según el auto del juez, por haber incitado a la violencia antes y después de la celebración del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre.
El pleno de investidura, que se inició el viernes y que concluía hoy, interrumpido por el ingreso en prisión del candidato a investir y de algunos diputados sin los cuales era imposible sacar adelante la votación, se ha convertido en un acto de reivindicación contra la actuación de la justicia española y la judicialización del proceso en Cataluña. El bloque independentista no duda que se trata nuevamente de una persecución contra líderes políticos elegidos legítimamente que cumplen condena por sus ideas políticas.
El presidente de la cámara regional, Roger Torrent, ha instado a la constitución de un "frente unitario" en defensa de la "dignidad" y la "democracia". Torrent, que ha contado en su comparecencia con el apoyo institucional de los expresidentes del Parlament, a excepción de Forcadell, en prisión, ha pedido "una alianza de todos los demócratas" porque la actuación del Gobierno español y la justicia supone "una suspensión de la democracia" y de los "derechos fundamentales". Torrent ha recordado que quienes están en prisión lo están por "haber puesto en manos del pueblo" su futuro político. En su intervención, Torrent ha contado también con la presencia de representantes de la sociedad civil.
La reacción institucional tuvo ayer un fuerte respaldo en las calles de las principales ciudades de Cataluña, donde miles de personas salieron espontáneamente a protestar, una vez más, por la decisión judicial.
Por parte del Estado, el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que en España "no hay presos políticos" y que si los políticos catalanes están en prisión es porque han tenido comportamientos delictivos. El juez Llarena ha dictado nuevas órdenes de detención contra otros representantes políticos que se encuentran en otros países europeos para eludir las penas de prisión.