Acercamiento de presos: el reto político más delicado de Pedro Sánchez

"Interior protagoniza el mayor acercamiento de presos de la política penitenciaria", leemos esta mañana. Y es así, pero con algún que otro matiz.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado el traslado de cuatro presos relacionados con ETA y el de dos condenados por pertenencia y acciones de los Grupos Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO). En el caso de los vascos, a prisiones cercanas a su comunidad autónoma, y en el de los grapos a Fernando Silva Sande, condenado por el secuestro y desaparición del empresario Publio Cordón, a una cárcel de A Coruña, donde reside su familia, y el ingreso de Jesús Merino Viejo en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid.

Para Gorka Fraile, Mikel Orbegozo, Xabi Tximeno e Igor González Sola la distancia con sus parientes se acorta de Badajoz a Cantabria y Valladolid, en el caso de los dos primeros, de Alicante a Burgos y de Alcalá Meco a Soria en los últimos. Todos han aceptado como condición el régimen penitenciario legal, y todos cumplen penas de entre 12 y 30 años de cárcel.

Su acercamiento a Euskadi engrosa la lista de once traslados similares en lo que llevamos de gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el ministro de Justicia Grande Marlaska ha afirmado esta mañana que el traspaso de competencias en política penitenciaria a la comunidad vasca "no está en agenda". Lo que ocurre es que estas palabras entran en contradicción con las de Iñigo Urkullu, lehendakari vasco, que ha dicho que precisamente sí se es un tema que él y Sánchez están tratando en el marco de conversaciones para completar hasta 37 transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika.

Donde sí parece más certero Marlaska es en señalar que no se trata de acercamiento, sino de traslados. Y que se trata de medidas legales, concretas y caso por caso, y no de un plan político que, de existir, afirma el ministro que se traduciría en el traslado "de treinta presos de golpe". En las cárceles españolas hay aproximadamente unos 230 presos relacionados con ETA (el número más bajo desde 1980, lejos de los 762 alcanzados en 2008), de los que la inmensa mayoría en prisiones lejanas al País Vasco. La mitad cumplen condena en Andalucía y Comunidad Valenciana.

Que todos los presos relacionados con ETA estén en cárceles del País Vasco -una reivindicación de décadas que ha expandido su consenso desde el entorno abertzale hasta el mismísimo gobierno vasco- se ha convertido en un asunto de primer orden, especialmente tras la disolución de la banda armada el pasado mayo, una de las condiciones -junto a las más interpretativas de arrepentimiento y colaboración con la justicia de cada interno- siempre impuestas por los distintos gobiernos de Moncloa. Un paso por la solución negociada la dio el colectivo de presos (EPPK) que aprobó hace dos veranos un documento novedoso: el 87% de los internos votaron a favor de abrir la puerta a que cada uno pudiera acogerse a medidas legales y se rompía, literalmente, con "la fase de resistencia". Para las asociaciones de familiares como Etxerat (A casa), que continúan denunciando que cada fin de semana 4.000 vascos se exponen potencialmente a accidentes en carretera (este año ha habido cinco y un centenar en la última década) para, en ocasiones, cruzar la península en ida y vuelta, cada día cuenta.

Hace casi un año una entrega de la serie de reportajes de EITB Ur handitan batió todos los récords de audiencia del programa y de hecho alcanzó al público castellanoparlante de fuera del territorio vasco. Se trataba del documental Motxiladun umeak (Los niños de la mochila), que recogía las vivencias de chicos y chicas de entre 19 y 8 años cuyos padres están en alguna cárcel lejana a su hogar. El caso de Gari, de 9 años, nacido en la cárcel de Granada y que tiene que hacer en cada visita más de 2.000 kilómetros en total para ir a ver a su madre desde el País Vasco francés hasta Algeciras, personificó el problema no resuelto.

El partido del gobierno, el PSOE, se enfrenta pues con perfil bajo a un reto del que no es fácil salir electoralmente indemne. El desgaste político de acometer un acercamiento de presos vascos hacia sus hogares es evidente para los socialistas con Ciudadanos y un PP radicalizado enfrente.

En el fondo es un nudo que devuelve al propio PSOE a su historia reciente.

La dispersión es una creación política de Felipe González, siendo Enrique Múgica ministro de Justicia. La fecha es la primavera de 1989, justo tras la ruptura de las conversaciones de Argel.

La palabra "conversaciones" es la adecuada, ya que durante dos meses, y tras una tregua de ETA, gobierno y banda armada mantuvieron encuentros en la capital argelina que justo cuando debían pasar a ser "negociaciones" quedaron abortadas.

Ambas partes se culparon de la ruptura, el gobierno de González logró la expulsión de Argelia de los interlocutores de ETA y esta volvió a matar. Paralelamente, comenzó la estrategia de la dispersión de presos, diseñada para debilitar a la banda armada, rompiendo la unidad dentro de las cárceles y favoreciendo, en teoría y según el ministro mediante su alejamiento de los "jefes mafiosos" de la organización, la reinserción de aquellos internos más proclives al arrepentimiento.

El gobierno no solo comenzó a dispersar a los presos de ETA lejos de cárceles vascas, sino que también comenzó la diversificación de penales: hasta entonces casi todos los hombres se encontraban en Alcalá Meco y Herrera de la Mancha (Ciudad Real), y las mujeres en Carabanchel.

Comenzaba una década dura, la de los noventa, que solo vislumbró esperanzas de paz con los procesos políticos de la izquierda abertzale que en 1998 condujeron hasta el pacto de Lizarra-Garazi y la tregua indefinida de ETA en septiembre de ese año. Durante los catorce meses que duró, el gobierno de Aznar, justo antes de acceder al rodillo de la mayoría absoluta, acercó a Euskadi a 190 presos.