Amnistía ha vuelto a solicitar al gobierno que detenga su complicidad con los crímenes de guerra; por otro lado, 6.000 puestos de trabajo en el aire. ¿Cuál es la solución al dilema?
España no tiene excusas para venderle armas a Arabia Saudí, y menos con la guerra civil de Yemen de fondo, ha venido a decir Amnistía Internacional. Sin embargo, España sí ha encontrado esas excusas.
Básicamente, la cordialidad con el régimen de Riad —unas relaciones traducibles a cifras: entre 2015 y 2017, y según Amnistía, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros, y autorizó licencias por valor de 1.235 millones— y 6.000 puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz. La situación sirve de pinza entre el Estado español, que en sucesivos gobiernos alternantes de PP y PSOE ha suministrado armas a Arabia, y los astilleros de la zona con la firme posición del alcalde de Cádiz, el anticapitalista José María Kichi González.
Lo que le vende concretamente España a los saudíes son cinco corbetas y 400 misiles de guiado láser en dos operaciones que el gobierno ha querido desvincular entre sí porque según la ministra de Defensa Margarita Robles "un país serio" como Arabia Saudí no hace eso. La justificación de la portavoz del gobierno Isabel Celaá —”son láser de alta precisión y, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes”— tuvo bastante réplica pública. Una de las más sonadas fue la de Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos y compañero de partido del alcalde de Cádiz. Ha pedido dejar de vender armas a “teocracias asesinas amigas de los Borbones”.
A su vez, Kichi lo tiene claro en “el dilema entre fabricar armas y comer”, adaptando libremente a la famosa frase de Bertolt Brecht “primero comer y después la ética”. Las palabras de Patricia Cavada, la alcaldesa del PSOE de San Fernando -donde se van a construir las corbetas para Arabia-, también se ha mostrado a favor de cumplir el contrato pero su posición no ha tenido tanto eco a nivel nacional.
La nueva edición de un clásico dilema de la izquierda llega en un momento en el que movimientos como Aufstehen en Alemania o artículos de veteranos representantes comunistas en España como Julio Anguita y Manuel Monereo llaman a retomar una retórica de protección nacional y de volver el foco a lo material por encima de los planteamientos más netamente morales.
“En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras ¿qué comemos?", ha dicho Kichi. “Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros”, ha sido otra de las frases del alcalde que ha acompañado la movilización de los trabajadores para que el acuerdo se mantenga. De hecho ha complementado la afirmación de Jesús Peralta, presidente del comité de empresa de Navantia: "Mejor que se haga aquí".
En el contrato de la empresa pública Navantia hay unas 7 millones de horas de trabajo hasta 2022 y más de 1.800 millones de euros que significan un colchón material, muy tangible, para la provincia con más paro de España (si excluimos Ceuta y Mellia, con casi un 27% para una media nacional del 15%) en el marco de una Andalucía que es la cuarta región con más desempleo de toda Europa.
"Son 6.000 familias, de las que 1.100 son empleos directos. A eso hay que sumarle lo que se multiplica en términos de consumo, claro. Hablamos además de una media de edad en astilleros de más de 50 años", dice a PlayGround Natividad Vidal, ingeniera técnica naval y miembro del comité de empresa de Navantia. Desde la planta de San Fernando, insiste en desvincular las armas de la fabricación de corbetas. "Esas 5 corbetas son para nosotros 5 pulmones. Es el mayor contrato para un cliente extranjero que ha firmado Navantia en toda su historia. Para mí, personalmente, si no hubieran salido adelante las corbetas, la alternativa sería coger las maletas e irme de Cádiz", afirma.
Fuera de Cádiz, ha sido fácil la identificación de los encargos con la complicidad con el régimen saudí. De profundizar en el debate se ha encargado Pablo Iglesias pronunciando una simple palabra: "coherencia". En realidad dirigiéndola hacia el gobierno central, hacia Pedro Sánchez, en vez de a los trabajadores gaditanos. Iglesias ha solicitado que deje de vender armas a una dictadura, que mantenga lo que dijo en campaña electoral y sobre todo lo que está en su mano y no en la de los astilleros de Cádiz. Es decir, poner el foco en los acuerdos políticos de alto nivel y alejarlo del "pozo negro de desempleo y emigración" que ha sido la Bahía gaditana en los últimos 40 años, según palabras del propio alcalde en un comunicado difundido a los medios hace diez días.
Para mí, personalmente, si no hubieran salido adelante las corbetas, la alternativa sería coger las maletas e irme de Cádiz"
Natividad Vidal
Es en ese documento donde reside la cuestión principal del asunto. Tenemos, pues, y como dice también el alcalde, un "que vengan los pedidos" que no parece incompatible con una petición que parece menos tangible pero igualmente urgente: dejar de enviar armas a socios oscuros cuando no directamente violadores de la paz.
¿Existe una alternativa para Navantia?. El problema seguramente venga de lejos, según Kichi, que culpa a la falta de reconversión y una falta de diversificación en la producción que en vez de atraerlos hacia una industria civil, ha hecho a los astilleros presos de la militar. Presos de su propia historia e inercia.
"Nosotros entendemos de barcos. Llevamos 300 años fabricando buques para Defensa. Somos meros trabajadores y no podemos elegir el producto", recalca Vidal.
En efecto, la de Navantia es una historia militar. El primer navío bélico que salió de la zona lo hizo en 1729, cuando el Ministerio de Defensa se llamaba, creado por Felipe V, Despacho de Guerra. Estuvo desde el principio bajo control franquista tras el golpe del 36 y posteriormente sirvió a armadas francesas, marroquíes, chilenas o mauritanas, hasta que llegó la reconversión de los ochenta del pasado siglo. Entre el 1984 y 2004, astilleros bajó de casi 40.000 empleos a 11.000. Después, ya bajo el nombre de Navantia, se construyeron patrulleros para la Venezuela gobernada por Hugo Chávez a finales de los dosmil.
