El cantautor recibió 44 balazos tras ser torturado por las fuerzas represivas del dictador Augusto Pinochet
Cantaba Víctor Jara en una de sus memorables canciones: “El derecho de vivir en paz”. Añadimos, ahora, derecho de descansar también en paz. Ocho exmilitares chilenos han sido acusados a quince años de prisión por el asesinato del cantautor y dramaturgo y militante comunista, Víctor Jara. Cinco días después del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, en septiembre de 1973, fuerzas represivas de Pinochet torturaron y abatieron a disparos a uno de los principales referentes de la canción protesta en todo el mundo.
Tardaron quince años en reconocer su asesinato. Y no fue hasta finales de 2012 cuando el juez Miguel Vásquez dictó una resolución de enjuiciamiento. Seis años después de aquello, este martes ha salido la sentencia que acusa a los ochos exoficiales del ejército que en ese momento se encargaron de los prisioneros en el Estadio Chile, ahora denominado Estadio Víctor Jara. El fallo llega 45 años tarde.
Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso es el nombre de cada uno los condenados, según reporta AFP. El fallo ha decretado 15 años y un día de prisión por el delito de homicidios y a 3 años de presidio como autores del delito de secuestro simple. El Estado chileno también deberá pagar más de 2,1 millones de dólares en concepto de indemnizaciones a las familias de las víctimas, según DW.
La esposa de Jara, la bailarina Joan Turner, de 91 años, y su hija, Amanda, llevan años batallando con la justicia por obtener este fallo. En el 2009 exhumaron el cuerpo para certificar que, efectivamente, recibió 44 balazos. El Partido Comunista también celebró la noticia.
Jara fue y sigue siendo uno de los asesinados políticos más mediáticos debido a su ancha carrera profesional. Pero durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.