Los organismos ambientales del gobierno brasileño ignoraron las alertas de que agricultores y acaparadores de tierras planeaban un día de incendios coordinados
Nuevos fuegos siguen declarándose en el Amazonas a pesar del decreto firmado por Jair Bolsonaro el pasado miércoles prohibiendo el uso de fuego en las llamadas "quemas controladas" durante 60 días.
El Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE) publicó imágenes de satélite que mostraban como 48 horas después de la entrada en vigor del decreto, se han detectado 3.859 nuevos incendios. De esos, aproximadamente 2.000 afectan a la región del Amazonas.
Según datos del INPE, el 51,9 % de los fuegos que se han declarado en Brasil este año han sido en la selva amazónica.
La escalada en el número de incendios que ha sufrido la zona ha provocado una alarma mundial, con numerosas voces acusando a las políticas medioambientales laxas de Bolsonaro como una de las causas. Hasta que ha llegado el decreto antifuegos, el gobierno brasileño se había mostrado desafiante, minimizando el alcance de los incendios y acusando de "sensacionalistas” a aquellos que señalaban la gravedad de la situación. Bolsonaro llegó a rechazar la ayuda internacional si Emmanuel Macron no retiraba las críticas a su persona.
Ahora, funcionarios ambientales y fiscales federales brasileños denuncian que el Gobierno no actuó a pesar de tener conocimiento de que agricultores y acaparadores de tierras en la Amazonía estaban planeando un día de incendios coordinados el 10 de agosto, "para enviar un mensaje al presidente" Jair Bolsonaro.
El Gobierno no actuó a pesar de los avisos, publicados incluso en medios de comunicación, de que agricultores y acaparadores de tierras en la Amazonía estaban planeando un día de incendios coordinados el 10 de agosto
Tal y como apuntan diversos medios brasileños, fiscales del Estado de Pará han iniciado una investigación después de que hubiesen alertado a la agencia ambiental Ibama de que se planeaba un “día del fuego” en la ciudad de Novo Progresso.
Los fiscales señalan que el periódico Folha do Progresso había informado sobre dichos planes el 5 de agosto. “Tenemos que mostrarle al presidente que queremos trabajar”, decía un agricultor en declaraciones al medio, apuntando que la única manera que tienen para despejar la tierra para que sea apta para pasturas es cortando árboles y quemándolos.
El Ibama, sin embargo, no actuó hasta dos días después de que empezaran las protestas. “Fue un fracaso considerable. Debería haber habido una acción inmediata para enfrentar el riesgo de estos incendios”, ha declarado el fiscal Paulo Moreira Oliveira a The Guardian.
Otra investigación está analizando si los organismos públicos y las autoridades podrían ser responsables del aumento de la deforestación de suelo público en Pará. Moreira Oliveira ha señalado que desde la llegada de Bolsonaro al poder se ha reducido el número de multas por deforestación a pesar de que ésta ha aumentado.
Raquel Dodge, procuradora general de Brasil, ha declarado que existe una “sospecha de acción orquestada”.
Bolsonaro, por su parte, ha atacado repetidamente a Ibama por dirigir una "industria de multas" y ha insistido en su objetivo de abrir el Amazonas para el desarrollo.