Sergio Sánchez Arellano es inocente pero fue arrestado ilegalmente en México, torturado y privado de abogado y libertad durante ocho años
Después de ocho años en la cárcel, Sergio Sánchez Arellano verá la luz porque se le acusó de un crimen sin pruebas. A Sergio, un vendedor de dulces, lo apresaron cuando se encontraba trabajando con su esposa en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el 29 de marzo de 2010.
Ocho o nueve policías, que no se identificaron ni llevaban uniforme, lo llevaron a la comisaría. Allí le torturaron para que confesara que era culpable de homicidio y tentativa de robo. También le presionaron para señalar a uno de sus hermanos. No estuvo en esos momentos ningún abogado. A Sergio, índigena mazahua, le cayeron 27 años y 6 meses de prisión.
“El proceso injusto contra Sergio, que ha afectado también a su familia entera y especialmente a sus hijos, es una muestra de discriminación y la criminalización que viven las personas pobres, indígenas y migrantes”, sostuvo en un comunicado Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El Centro presentó junto a Sergio una revisión de la sentencia en 2016. El pasado octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que las nueve pruebas utilizadas para inculparle fueron ilegales. Le detuvieron arbritariamente, se pone en cuestión el examen pericial de la navaja supuestamente encontrada a Sergio Sánchez, se quita peso a la persona que hizo el reconocimiento por haber sido apresado de manera irregular y porque en todo momento se le privó de defensa.
La Corte pidió al Noveno Tribunal Colegiado de Circuito, que le condenó en 2010, que revisara la sentencia. Hoy este tribunal reconoce que le acusaron sin fundamento y se violó su presunción de inocencia. Saldrá en libertad.
“Generalmente las detenciones arbitrarias son conocidas en países autoritarios, donde se utilizan para callar las voces de disidencia”, declaró Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Sin embargo, en México “es suficiente con estar en el lugar y el momento equivocado”.
Amnistía Internacional elaboró un informe llamado “Falsas Sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México” en el que se documentan casos como el de Sergio. Concluye que el 85% de las detenciones que terminan en los tribunales se han producido por portar armas, droga o combustible robado en el momento y no por una investigación policial detrás que haya llevado a su captura.
Recuerdan también el caso del estudiante Enrique Guerrero Aviña, en 2013, al que lo metieron en un camioneta para interrogarle sobre líderes sociales mientras iba por la calle. O José Adrián, un niño maya de 14 años con discapacidad auditiva, al que arrestaron de camino a casa, le agredieron y no avisaron a sus padres de que se encontraba en comisaría. Decían que había destrozado un vehículo policial.