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Una media de 80 personas habrán muerto durante el 1 de diciembre, el día que se invista como presidente de México a Andrés Manuel López Obrador. La salida de Peña Nieto deja los índices de homicidios dolosos por las nubes: de enero a septiembre, los asesinados suman 24.769. Ya no caben más muertos en México, tal y como se pudo comprobar hace unos meses con el caso de los camiones frigoríficos en los que se almacenaban los cadáveres que ya no tenían plaza en las morgues abarrotadas.
Por todo esto, la lucha contra la violencia y la garantía de la seguridad ciudadana ocupan un papel central en la agenda del nuevo gobierno, que ya ha presentado la estrategia a adoptar en su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
“El próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón”, se afirma en la introducción al texto, donde se señalan los motivos principales por los que la violencia se compara a la de los tiempos de la Revolución mexicana: “falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, disfuncionalidades y anacronismos del marco legal e incluso la persistencia de añejos conflictos intercomunitarios, agrarios y vecinales”.
El plan de López Obrador reconoce también que la delincuencia se extiende más allá de los delitos violentos: los “delitos de cuello blanco”, que en el texto se describen como el desvío de recursos, el fraude fiscal, la malversación, y que son parte del problema que permite la existencia de la violencia estructural que la nueva administración quiere solucionar.
“Por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezca un margen de protección e impunidad y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México sólo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente —aunque no en forma exclusiva— en los aparatos de prevención y combate de la delincuencia, procuración e impartición de justicia”, señalaba el Plan.
Con la finalidad de hacerle frente, López Obrador planteará una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés para prohibir adjudicaciones directas, obligar a hacer las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses de todos los servicios públicos, monitorear en tiempo real los presupuestos para adquisiciones, investigar y clausurar las empresas fantasma, entre otros.
Por otro lado, la anunciada regulación de drogas sigue adelante como política de seguridad pública, que pondrá el tratamiento de los adictos por delante de la persecución de sustancias. Asimismo, el Plan presta atención los jóvenes sin recursos, que a día de hoy se afectados por la falta de futuro pueden caer fácilmente en manos de las organizaciones criminales. Para ellos, educación y trabajo. “No va a quedar un joven sin oportunidades”, señalaba el futuro presidente.
Pero la medida que ha causado más revuelo es la de la formación de una Guardia Nacional, que le otorga más protagonismo al Ejército en cuestiones de seguridad. La medida ha sido tachada de inconstitucional, pese a que militares armados lleven circulando por las ciudades a diario, de pie, en la parte trasera de jeeps sin techo, desde hace una década, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narco, momento en el que la violencia empezó a escalar a grandes pasos. Esta parte del Plan quiere dividir el país en 265 regiones cuya seguridad será coordinada por todas las fuerzas de seguridad y liderada por un Mando Único. Los Estados se clasificarán de más a menos problemáticos según la incidencia delictiva para destinar los cuerpos de seguridad de forma proporcional.
La filtración e interpretación de esta medida por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero desencadenó la tendencia #Noaladictadutraobradorista (sic), motivada por el deseo que expresó AMLO en reuniones privadas de cambiar la Constitución para que pudiera formarse dicha Guardia Nacional.
Además, para paliar los daños de esta década de violencia, así como los crímenes de lesa humanidad que puedan darse, se ha diseñado el Consejo de Construcción para la Paz, del que formarán parte tres representantes públicos, tres de la sociedad civil y un observador permanente designado por la Organización de las Naciones Unidas.
