El gobierno acaba de aprobar la retirada del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. "La democracia no es compatible con una tumba que honra la memoria de Franco", ha dicho la vicepresidenta
El gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado hoy el proceso de exhumación de Francisco Franco. Tras la aprobación de un decreto ley en el Consejo de Ministros, España asistirá a un hito en la etapa democrática más larga de su historia: el levantamiento de la losa de 1.500 kilos sobre el cadáver del dictador 43 años después.
Estas son las claves de una no-tan-sencilla operación política.
Cómo lo va a hacer el gobierno
Tras la aprobación en Consejo de Ministros del decreto ley, este debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados por mayoría simple en un plazo inferior a un mes. Se preve que antes de final de año se pueda completar el proceso administrativo.
Los pronósticos juegan a favor del ejecutivo de Sánchez, ya que se preve que todos los grupos políticos den su visto bueno a la medida.
Todos, excepto el PP y Ciudadanos.
Quién se opone y por qué
Principalmente -y además de otros nostálgicos de la dictadura como la Fundación Francisco Franco-, la familia. Para ellos, el gobierno ha dado un plazo de 15 días para alegar e indicar a qué lugar quieren que sean trasladados los restos. Si no, decidirá el gobierno.
Políticamente, no está a favor Ciudadanos, que se abstendrá. Albert Rivera justifica la negativa porque la medida "no es una urgencia". Su partido sin embargo votó a favor de la exhumación hace un año.
El PP está marcadamente en contra. Su presidente Pablo Casado cree que la medida "reabre heridas superadas". No solo votará en contra, sino que recurrirá el decreto ante el Constitucional, aunque no podría suspenderlo.
Curiosamente, la iglesia católica no se opone. En ese sentido, han sido clave las conversaciones del gobierno con el obispo de Madrid Carlos Osoro y de este a su vez con la congregación benedictina que custodia el Valle de los Caídos.
El gobierno quiso trasladar a estos últimos que fue Juan Carlos I quien les entregó los restos de Franco -cuya custodia nunca ejerció la familia- y que por lo tanto estarían sometidos a lo dispuesto por el decreto aprobado.
Por qué ahora
A nivel legislativo la decisión sigue en materia de memoria histórica al anterior gobierno del PSOE (2004-2011). Durante su primera legislatura, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica que habilitaba el reconocimiento y exhumación de fosas de víctimas del golpe y la dictadura franquista. También la prohibición de actos políticos en el Valle de los Caídos -donde está enterrado Franco-. De hecho, el decreto de hoy añade un párrafo al artículo 16 de dicha ley para permitir la retirada del cadáver del lugar.
Además, el PSOE se apoya en un informe de expertos sobre el Valle de los Caídos de 2011 que califica de "incongruente" la presencia del cuerpo de Franco -el único enterrado allí que no falleció durante la guerra civil- en un lugar que iguala a las víctimas republicanas y franquistas. También lo argumenta con las peticiones llegadas desde Naciones Unidas, como la de un informe de agosto de 2014. En mayo del año pasado se aprobó además, en el Congreso de los Diputados, una resolución que instaba a retirar los restos de Franco con 198 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de PP y ERC.
"La democracia no es compatible con una tumba que honra la memoria de Franco", ha dicho hoy en rueda de prensa la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo.