13 jóvenes acusados de terrorismo tras intentar entregar agua a unas madres en huelga de hambre

"No estamos armados, solo venimos a entregarle agua a las madres que están encerradas". Lo repiten una y otra vez mientras avanzan, con los brazos en alto, hacia el templo San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, en Nicaragua. Las imágenes que puedes ver a continuación fueron grabadas el pasado jueves 14 de noviembre. Esa misma noche, esos trece jóvenes activistas fueron detenidos. Las autoridades les acusan de tenencia de armas y pertenencia a una organización terrorista.

Nicaragua no vive sus mejores días. Desde el 18 de abril de 2018, comenzó con una escalada de violencia gubernamental en rechazo a las protestas ciudadanas por los abusos del régimen Ortega-Murillo, que comenzaron desde su último período de gobierno (2007), y que tiene a la sociedad civil y movimientos sociales como su principal objetivo.

Libertades como la de reunión, expresión y asociación se han visto obstaculizadas y criminalizadas. Cualquier actividad en defensa de los derechos humanos se encuentra en serio riesgo. En medio de la crisis que llevó a la renuncia al expresidente Evo Morales en Bolivia, el mandatario nicaragüense amenazaba hace pocos días con “volver a las armas” para evitar un desenlace similar en el país.

Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han denunciado en repetidas ocasiones las vulneraciones de los derechos fundamentales en contra de gran parte de la población. Por su parte, el Estado ha sido renuente a la observación y escrutinio internacional, negando la entrada en el país a órganos especializados en derechos humanos, a pesar de los compromisos contraídos en mayo 2018.

En una reciente audiencia ante la CIDH, las organizaciones sociales denunciaron el control absoluto sobre el funcionamiento del Poder Judicial, su cooptación para fines políticos y el impacto que esto tiene para el desarrollo de procesos judiciales en el país, los que se ordenan y deciden en las oficinas de Ortega y Murillo.

A día de hoy, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en al menos 325 asesinatos que permanecen impunes, más de 2.000 personas heridas, más de 80.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica y más de 800 manifestantes privados de libertad por ejercer su derecho a la protesta. Actualmente 150 personas se encuentran recluidas de manera arbitraria y sin derecho a la defensa.

Detenidos por pedir libertad y brindar solidaridad

Las madres de presos y presas políticas han liderado distintas acciones de visibilidad e incidencia a nivel nacional e internacional. El pasado 14 de noviembre, iniciaron una huelga de hambre que agrupó a 11 personas en la iglesia San Miguel de Masaya. Pero la policía orteguista cortó el agua, la luz eléctrica y evitó cualquier acción de apoyo y entrega de agua a las huelguistas o al sacerdote que las apoya, a quien el Gobierno tilda de "golpista".

En ese contexto de violencia y persecución, trece jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco se acercaron a entregar agua y medicinas a las madres en huelga a las 23:00 horas del jueves 14 de noviembre. Al salir, 6 mujeres y 7 varones fueron detenidos por la policía y trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el nuevo Chipote.

Entre las personas detenidas se encuentran presas políticas excarceladas y defensoras de los derechos humanos como Amaya Coppens, Neyma Hernández, Ivania Álvarez, Wendy Juárez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hanzel Quintero, Atahualpa Quintero, Jesús Téfel, Gabriel Ramos, Roberto Bushting, Melvin Peralta, Derlis Hernández.

Desde Unidad Nacional Azul y Blanco y la Articulación de Movimientos Sociales se denuncia que se están vulnerando seriamente los derechos fundamentales de los detenidos, en tanto la Fiscalía excedió el plazo legal de 72 horas para notificarles una acusación y los cargos que enfrentan. El pasado lunes 18 de noviembre, los acusaron de tenencia de armas y explosivos, mientras se les mantiene en privación de libertad sin poder acceder a defensa, ni permitir la entrada de agua, medicamentos ni visitas, aunque sí de alimentos.

Hoy la policía aún tiene cercada la iglesia de San Miguel de Masaya, para evitar la presencia de manifestantes que llegan al lugar en solidaridad. Sin embargo, las madres se reafirman en que continuarán en huelga de hambre. De igual manera, el sacerdote Edwin Román, que también está comenzando a sentir los daños de la falta de insulina, mantiene su decisión de apoyarles.

¿Cómo puedes apoyar a los detenidos?

En estos casos, el apoyo popular es crucial. Ante esta situación se pueden compartir los materiales que encontraréis en esta carpeta con estos hashtags: #LaSolidaridadNoEsDelito, #LlevarAguaEsUnDerecho, #SoloElPuebloSalvaAlPueblo #NicaraguaLibertadAPresasYPresosPolíticos