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La lucha contra las ‘terapias de conversión’ gay en México

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Foto: Getty
 

Activistas LGBT+ impulsan una reforma contra las 'terapias de conversión' en Jalisco, mientras poderosos grupos ultraconservadores intentan ponerle freno

Eugenia Coppel

09 Enero 2020 01:38

Una protesta de un grupo feminista en Jalisco, a principios de diciembre, consistió en quemar libros al exterior de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La acción provocó críticas de varios frentes, pero no eran libros cualquiera.

Uno de los ejemplares quemados era un manual escrito por un pastor y un supuesto psicoterapeuta, para ayudar al lector a “acabar con el flagelo y la crisis de identidad que es la homosexualidad”.

La actuación de las feministas respondía al contexto local. Unos días antes, el Congreso de Jalisco había comenzado a discutir una reforma al Código Penal del estado para castigar a quienes promuevan o efectúen las llamadas terapias de conversión a personas homosexuales, conocidas técnicamente como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).

En el día programado para la votación de los diputados jaliscienses, se encontraron alrededor del edificio legislativo los dos grupos enfrentados por la iniciativa de ley. Por un lado, unos cuantos activistas de la comunidad LGBT+, los impulsores de la propuesta. Por el otro, decenas de manifestantes ultraconservadores que salieron a protestar contra la medida.

El enorme poder de convocatoria de estos grupos de afiliación religiosa, entre los que destaca el Frente Nacional por la Familia, se ha dejado ver antes en la capital de Jalisco. En septiembre de 2019, una marcha para rechazar el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la promoción de lo que ellos llaman “ideología de género”, reunió más de 10 mil personas.

En contraste, otra manifestación callejera sucedida un día antes –la convocada por Greta Thunberg a nivel global para la acción climática–, tuvo una participación de alrededor de 200 personas.

Las demandas de los grupos conservadores provocaron que se pospusiera la votación de la ley para penalizar las terapias de conversión. Ambos bandos volverán a encontrarse en las mesas de diálogo que el Congreso pretende llevar a cabo este mes de enero para continuar la discusión.

De aprobarse la iniciativa, el estado de Jalisco podría ser la primera entidad mexicana en penalizar este tipo de intervenciones que la ONU ha rechazado por carecer de fundamentos teóricos, conceptos sólidos y modelos de tratamiento libres de violencia. ​​​​​​

La voz de un sobreviviente

Juan Francisco Padilla se convirtió en activista de la diversidad sexual tras pasar tres años de su vida –de los 18 a los 21– asistiendo tres veces a la semana a un centro religioso que prometía “curar” la homosexualidad. Como resultado de la presión de su familia, acudía a retiros cristianos y sesiones individuales y grupales que hoy reconoce como manipulación psicológica.

Durante ese tiempo, dos de sus compañeros del centro –un hombre y una mujer– murieron por suicidio. Padilla aún sufre de ansiedad crónica y por ello asiste a terapias psicológicas respetuosas con su orientación sexual. El activista comparte que no tiene resentimientos contra su familia, pues ellos también fueron víctimas al comprar falsas esperanzas de cambio.

Porque no hay #NadaQueCurar, recuerda Padilla: la homosexualidad salió definitivamente de la lista de trastornos y enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en 1990.

Un documento reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México sostiene que las “terapias de conversión” atentan contra la dignidad humana, pues los métodos utilizados constituyen tratos crueles y degradantes, y en algunos casos, incluyen actos de tortura como privación de libertad, aislamiento, electrochoques, medicación forzada e incluso violaciones “correctivas” a las mujeres lesbianas.

“En lugar de modificar la orientación sexual, estos esfuerzos erosionan la autoestima en menores de edad y adultos e incrementan el riesgo de depresión, comportamientos suicidas y abuso de sustancias”, dice la guía de la ONU para profesionales de la salud mental.

“También profundizan el aislamiento, victimizan, incrementan la vergüenza y quebrantan los lazos familiares”.

Argumentos como los anteriores quedaron plasmados en la iniciativa de ley de Jalisco, la cual fue llevada al Congreso local por un diputado del partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro. Él, a su vez, recibió la propuesta de Juan Francisco Padilla y la organización pro diversidad de la que es miembro, CODISE.

Padilla asegura que Jalisco es la cuna de las “terapias de conversión” y que muchas personas de todo el país viajan allí para “tratarse”.

“Yo soy un sobreviviente de ese tipo de prácticas”, cuenta el activista. “Gracias a Dios ahora estoy bien: me casé con mi novio, pude estudiar, estoy en el doctorado... pero hago esto por las generaciones que vienen. No queremos que nadie más muera, que nadie tenga que pasar por esos procesos. La iniciativa de ley no repara daños, pero sí es una luz de esperanza para que nadie más tenga que caer en estos chantajes y fraudes”.

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Activistas LGBT+ se presentaron en la marcha de septiembre de los grupos conservadores. FOTO: CODISE

El peligro de la inconstitucionalidad

El borrador de la reforma propone imponer de uno a tres años de cárcel y la inhabilitación de su ejercicio profesional, por el mismo periodo, a todo aquel que promueva, imparta o financie las llamadas terapias de conversión. La pena se agrava hasta en una cuarta parte para quienes lleven a cabo estas prácticas contra menores de edad.

Los grupos conservadores no tardaron en protestar. Argumentaron que la iniciativa atenta contra el derecho de los padres de educar a sus hijos, el derecho a la patria potestad, a la libertad religiosa y de pensamiento, a la libertad de profesión y la del libre desarrollo de la personalidad.

En una conferencia de prensa, los representantes de más de 15 asociaciones de carácter religioso afirmaron que muchos de los “pacientes” que acuden a clínicas, como VenSer o Courage, lo hacen de forma voluntaria.

“Lo que hacemos es ayudar a personas que en su libre autodeterminación dicen ‘yo me quiero quitar una homosexualidad que no pedí y desarrollar mi atracción heterosexual’. Tenemos 20 años quitando la homosexualidad y desarrollando la heterosexualidad”, sostuvo el psicólogo Everardo Martínez, de VenSer.

El diputado Salvador Caro explicó a PlayGround que, a raíz de los planteamientos anteriores, la iniciativa original tuvo que ajustarse para incluir el factor del consentimiento, de manera que la reforma no se contraponga con la Constitución y no pueda ser impugnada.

“En una sociedad de libertades, puedes pensar de cualquier manera y debes tener una vida electiva”, dijo Caro.

Pero en el caso de los menores de edad, añadió, “no podrán ser sometidos a ninguna terapia que ejerza sobre ellos algún tipo de violencia —física o psicológica— y de incumplirse esto, todos los que participen en el proceso serán responsables penalmente con pena agravada”, incluidos los padres del menor.

Una vez que se apruebe la ley, según Caro, “el tipo de terapias que se han venido impulsando no tendrán cabida en menores de edad”.

El diputado de Movimiento Ciudadano —el mismo partido del gobernador jalisciense, Enrique Alfaro— asegura que “no hay ninguna posibilidad” de que la iniciativa sea desechada y no se vote, pero acepta que aún se requiere trabajo para ganar los votos del grupo de los diputados indecisos.

Las 'terapias de conversión' en el mundo

Varios países han reconocido que los ECOSIG no tienen sustento científico, dañan a las personas y van en contra del marco normativo internacional sobre Derechos Humanos. De acuerdo con el documento ya citado de la ONU, los que han prohibido o regulado estas prácticas a nivel nacional son Argentina, Brasil, Ecuador, Fiji, Malta, Nauru, Uruguay, Samoa, Suiza y Taiwán.

En otros países, como Estados Unidos, Canadá, Australia y España, la legislación se limita a algunos estados o provincias. México aparece agrupado junto a Reino Unido, Irlanda y Puerto Rico, donde las iniciativas de prohibición están en proceso.

De aprobarse en Jalisco, “sería un precedente histórico”, dice Juan Francisco Padilla. “Seríamos el primer estado en México que regularía y esto daría pie a que las personas con una orientación sexual distinta puedan vivir en paz, y eso es lo que queremos”.

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