Hoy se celebra el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala con un nuevo Gobierno y promesas de justicia, verdad y reparación
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Los gritos por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa volvieron a resonar esta madrugada frente al memorial por los 43 en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México. Y lo volverán a hacer durante el día de hoy en las decenas de marchas en memoria de los desaparecidos convocadas a lo largo del país. Allí, padres, madres, asociaciones y miles de personas volverán a pedir lo que hace justo hoy 4 años que se les ha venido negando: justicia, verdad y reparación.
1.460 días después de la tragedia ¿Qué ha cambiado en México?
Un Gobierno hundido. Una "verdad histórica" cuestionable
El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa fueron a Iguala para tomar varios autobuses con los que ir a las manifestaciones del 2 de octubre en Ciudad de México. A la salida de la central de autobuses algo salió mal. Sus autocares fueron perseguidos por la policía, que abrió fuego contra ellos. ¿El resultado? 6 muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
La atención internacional que atrajo el caso obligó a México y al mundo a prestar atención a los cadáveres apilados en fosas comunes, a la desapariciones forzosas, los feminicidios y la violencia en un país donde el narco y el Estado son las dos caras de una misma moneda.
Ayotzinapa se convirtió en el símbolo de la lucha de miles de personas por encontrar a sus desaparecidos. Y también fue la tumba política de Enrique Peña Nieto. Desde el principio, el Gobierno federal intentó pasar página y acallar los gritos de los familiares de los estudiantes. Incluso llegó a ofrecer dinero a los padres y madres para “reparar el daño” y acabar con sus protestas.
En enero de 2015. Jesús Murillo Karam presentó los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR). La conocida como “verdad histórica” mantenía que los jóvenes fueron capturados por un grupo de delincuentes, torturados y quemados en un terreno en Cocula, población cercana a Iguala.
Manifestación por los 43 desaparecdos
Una explicación que no convenció a los familiares y que terminó con la creación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los especialistas concluyeron que la versión de la PGR no se sostenía científicamente y dependía de confesiones de detenidos que podrían haber testificado bajo tortura. Además, no daba respuesta a algunos de los flecos sueltos que hoy en día siguen sin quedar claros, como el papel del Ejército mexicano en todo este asunto, la responsabilidad de los policías de Huitzuco que estuvieron presentes, el análisis de los 9 teléfonos de los estudiantes, la posible presencia de droga en uno de los autobuses o la existencia de varias rutas de desaparición y al menos dos grupos de estudiantes retenidos.
La atención internacional que atrajo el caso obligó a México y al mundo a prestar atención a los cadáveres apilados en fosas comunes, a la desapariciones forzosas, los feminicidios y la violencia en un país donde el narco y el Estado son las dos caras de una misma moneda
Aún así, el Gobierno ha seguido defendiendo una “verdad histórica” que poco a poco ha acabado con la confianza de los mexicanos. Desde Ayotzinapa, los índices de aprobación de Peña Nieto fueron en descenso y hoy en día muchos consideran la desaparición de los estudiantes un punto negro clave en su mandato. “Lo podemos ver en las encuestas. La línea de la aprobación presidencial empieza a caer en el caso de Ayotzinapa y de ahí no se vuelve a recuperar. En algunos momentos goza de un punto, dos puntos, pero ha ido la aprobación en picada”, explicaba hace unos meses a Sin Embargo el analista Gustavo López Montiel.
Crisis de desaparecidos y dos nuevas leyes
¿Y qué pasa con las desapariciones forzosas? Desde Ayotzinapa, el número de desaparecidos forzados no ha dejado de aumentar. Se calcula que entre 2013 y 2017, durante el mandato de Peña Nieto, se produjeron 19.156 desapariciones en el país. Una tasa que superó al sexenio de Felipe Calderón (cuando desaparecieron 18,778 seres humanos). La situación es tan grave que en mayo de este año Naciones Unidas instó a México a "poner fin a la ola de desapariciones forzadas". El estado norteamericano se ha convertido en el país en paz con más desaparecidos de mundo.
A nivel de legislación, la crisis de Iguala propició la aprobación el año pasado de una Ley General contra la Tortura y una Ley General de Desaparición forzada y Desaparición por Particulares, ambas promesas de Peña Nieto tras el caso de Ayotzinapa. Paralelamente, diversos colectivos ciudadanos como Data Cívica han iniciado proyectos para dar nombre a los miles de desaparecidos en los registros.
La esperanza del Gobierno de López Obrador
Durante la campaña electoral, los 3 principales partidos se comprometieron a dar prioridad a la búsqueda de los desaparecidos. En concreto, Manuel López Obrador prometió investigar el caso de los 43 estudiantes y dar una respuesta a las familias. Tras ganar las elecciones, las familias de los desaparecidos han puesto sus esperanzas en el nuevo Gobierno y esperan que por fin se haga justicia. "Nos prometió en sus campañas que si ganaba nos iba a apoyar. Confiamos en él, que no nos falle, que cumpla lo que dijo. No queremos mentiras", explica a EFE Delfina, familiar de unos de los desaparecidos.
Por el momento, el presidente electo Manuel López Obrador ya ha solicitado formalmente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de investigar el caso y desmontar “la verdad histórica”.
Además, López Obrador anunciará hoy oficialmente la creación de una Comisión de la Verdad en un acto en el Museo de la Memoria y Tolerancia con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Un organismo creado con la intención de empezar la investigación de nuevo y conseguir aclarar de una vez por todas qué pasó esa noche en Iguala.