Masacres sin resolver y activistas que investigan esas matanzas siendo espiados por Pegasus. Esta es la historia de los trapos sucios de un país que persigue más a quienes investigan que a quienes cometen los crímenes
"Ha muerto un ser cercano y el funeral será en...". "Has ganado un premio de la lotería".
Ángela Buitrago recuerda muy bien los mensajes que recibió entre febrero y marzo de 2016 junto a unos links en unos SMS en el teléfono de trabajo.
La prestigiosa jurista y exfiscal colombiana estaba en México como miembro de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014. “Le pasamos el móvil al informático del grupo y nos dijo que tenía un malware”, cuenta a PlayGround.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había enviado a un grupo formado por cinco expertos —Buitrago entre ellos— para arrojar un poco de luz a las investigaciones sobre un crimen que todavía hoy no ha derivado en ninguna condena. Se fueron de allí desamparados por un Estado ineficaz.
Y fueron espiados ilegalmente por alguien —aún no se sabe exactamente quién— que usó Pegasus, un software que sólo se vende a los gobiernos y que infecta teléfonos móviles para controlar todas las comunicaciones, según informó hace una semana The New York Times gracias a una investigación de Citizen Lab.
Listado de personajes públicos espiados por Pegasus / Citizen Lab
En cambio, la misma Buitrago y el resto de investigadores del GIEI pidieron durante las pesquisas a la Procuraduría General de la República (PGR) acceso a las escuchas telefónicas de la investigación sobre los crímenes de Ayotzinapa. No recibieron respuesta.
“Las escuchas usadas legalmente, con orden judicial, dan una información muy importante. En el expediente no había ninguna solicitud de intervención telefónica contra presuntos responsables de los crímenes. Es lo mínimo que se hace cuando se investiga una red criminal para saber cómo se está conformando y más cuando la mayoría de detenidos habían alegado torturas para declararse culpables”, expresa.
O sea, que hay constancia de que la tecnología más sofisticada comprada por el gobierno mexicano fue usada para espiar a activistas e investigadores de manera ilegal, pero no de que el Estado depositara una energía equivalente en atrapar a los autores de una de las más brutales violaciones de derechos humanos de la historia reciente de México.
Eso nos lleva a una pregunta por ahora sin respuesta: ¿investiga más el Estado mexicano o algunas de sus más altas esferas a los que luchan contra el crimen y por los derechos humanos que a quienes perpetran el terror? ¿Se detendrían más asesinos si Pegasus se utilizara para su verdadera finalidad?
Con prudencia de jurista, Buitrago no se atreve a responder afirmativamente a esta cuestión. Es lógico: no se sabe exactamente quién fue el que ordenó espiarlos a ellos y a un total de 88 personas entre activistas, periodistas e investigadores, según la información inicial de Citizen Lab y The New York Times.
¿Quién espía al espía?
Lo que Buitrago sí que pide al Estado es que “se investigue” para esclarecer lo que ocurrió. En el caso particular del GIEI, además, se violó la ley internacional porque los investigadores estaban en México en calidad de diplomáticos.
En efecto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) anunció que abrirá una investigación por el espionaje a periodistas y activistas.
Esa fiscalía, por cierto, fue criticada por los periodistas por su ineficacia tras la muerte de Javier Valdez (y por decenas de casos sin resolver). De cualquier manera resulta difícil confiar en que el mismo Estado que posiblemente espía a sus ciudadanos y que no resuelve crímenes como el de Ayotzinapa se investigue a sí mismo con éxito.
Por eso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la oposición política al presidente Enrique Peña Nieto y algunos periodistas y activistas están pidiendo que las investigaciones para esclarecer quiénes son los responsables del espionaje sean “independientes” y no descartan la opción de que tenga observadores internacionales.
Mensajes que recibía la exfiscal colombiana Ángela Buitrago con enlaces para instalar malware en su teléfono / Citizen Lab
Eso dibujaría un gran bucle en el que investigadores externos investigarían el espionaje contra otros investigadores externos que intentan paliar las carencias de las investigaciones de la Justicia.
Por lo pronto, quien seguirá hurgando para encontrar la raíz de ese espionaje es Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto. “Técnicamente, no podemos decir qué entidad o nivel de gobierno fue quien espió. Pero seguiremos investigando el caso con la intención de saber quién estaba detrás”, explica a PlayGround John Scott Railton, uno de los investigadores que desveló el conocido como caso Pegasus.
En septiembre de 2016, el ciberactivista Alberto Escorcia explicó también a PlayGround que “en México no existe un Snowden porque (el país) es un narcoestado”.
En efecto, y aunque él mismo ya advertía los abusos en el espionaje a activistas y periodistas, ha sido una Universidad extranjera quien ha desvelado los abusos con pruebas, seguramente con más seguridad y menos miedo que quienes sufren la persecución diaria de las bandas criminales y sus tentáculos institucionales.
En el caso estadounidense, el exagente de inteligencia Edward Snowden se exilió en Moscú después de desvelar la mayor trama de espionaje masivo conocida hasta la fecha, perpetrada por la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) en la que trabajaba, pero en colaboración con países de todo el mundo. Millones de ciudadanos inocentes son espiados cada día en todos los rincones del planeta.
"El espionaje es sólo una parte de los ataques"
Para llegar a evidenciar el espionaje contra activistas, periodistas y opositores, Citizen Lab se dedicó “a observar los links que aparecían en sus teléfonos y adónde llevaban”, cuenta Scott, que participó de las investigaciones. “Sabemos cuándo el link está relacionado con la tecnología Pegasus”.
Citizen Lab todavía no puede determinar quién fue el responsable de los pinchazos virtuales. Pero el hecho de que la empresa israelí que lo fabrica, NSO, solo se lo venda a los gobiernos ya apunta a que alguien de las altas esferas está detrás de la vigilancia.
Pegasus permite el control remoto de la tarjeta SIM del móvil con acceso en tiempo real a la cámara, al micrófono, a los mensajes y a la lista de contactos del objetivo.
La empresa NSO asegura que tan solo lo distribuye para espiar a criminales y terroristas. Pero “cuando se vende tecnología de espionaje a un país hay un tremendo potencial, casi una garantía, de que va a haber abuso”, alerta Scott, basado en la investigación de Citizen Lab.
“No podemos decir exactamente cuál fue la motivación de espiar a los activistas, periodistas e investigadores, solo que por algún motivo querían saber lo que iban a escribir, lo que iban a investigar, lo que sabían”, lanza Scott con cautela, al ser preguntado por si el Estado mexicano pretendía torpedear investigaciones como las de Ayotzinapa.
También saben, en el caso del GIEI, que “empezaron a investigarlos cuando criticaron al gobierno” por no facilitar informaciones relativas a su investigación independiente sobre eel caso Ayotzinapa.
“El desafío en sociedades democráticas es poder debatir cómo usar estas tecnologías y que no se usen contra objetivos que, como los 88 que se desvelaron, no tienen ningún tipo de antecedente o relación criminal”, añade.
Scott avanza que Citizen Lab trabaja para desvelar espionaje en otros paísesn aunque, por el momento, “el caso de México es el más fuerte” con el que se han encontrado.
Allí, además, el espionaje no es la única amenaza a la que se enfrentan periodistas y activistas. “Vemos en muchos casos que los que han sido espiados también han sido víctimas de arrestos y otro tipo de ataques, por lo que el acoso digital es solo una parte del que reciben”.
La respuesta de los periodistas
El ciberactivista Alberto Escorcia sabe muy bien de lo que habla Scott. Aunque él no está en la lista de interceptados por Pegasus, recibió amenazas virtuales de todo tipo y asedio en su propia casa cuando emprendió una campaña de denuncia contra los 'bots' de censura que el gobierno mexicano presuntamente usaba para censurar en las redes.
“No era Pegasus, pero a finales de febrero del año pasado recibí un correo que me invitaba a hacer clic porque habían encontrado un teléfono que me habían robado”, explica a PlayGround.
En 2016, poco después de que dispararan a colaboradores del Padre Solalinde, Escorcia recibió un mensaje: “Tú eres el siguiente”.
Desde 2013, venía ayudando a difundir los abusos del espionaje masivo (Citizen Lab había publicado un informe parecido sobre otro software) y denunciando el ciberacoso del que culpa a lo que califica como “narcoestado” y “mafia”.
“También han venido a mi casa a atacarme, intentando abrir la puerta, despertándome de madrugada, tocando el timbre... son pequeñas acciones que no equivalen a un balazo pero sí te meten el miedo en el cuerpo”, explica Escorcia que, además, asegura que la policía perdió las pruebas cuando había identificado al atacante, hace ahora un mes y medio.
Más personajes sobre los que Pegasus intervino / Citizen Lab
“El espionaje no va solo. Junto a ataques y asesinatos, forma un combo de represión”, denuncia Escorcia. Él cree que la impunidad cuando son atacados y las últimas filtraciones sobre el espionaje consiguen que “se contagie el miedo”.
“De pronto vas a reuniones de periodistas donde te piden que metas los teléfonos en una bolsa, que los alejes. Infectan a uno y parece que infectan a 20 y ya no te sientes seguro ni sabes en quién confiar. Se genera una cultura del miedo”, lamenta.
De la gran indignación que despertó el asesinato del periodista Javier Valdez en mayo de 2017 y del caso Pegasus ha nacido una respuesta de organización entre los comunicadores, que intentan debatir entre ellos cómo reaccionar a tantos abusos, vista la ineficacia del Estado.
Sólo el 6% de los 124 homicidios de periodistas en México desde el año 2000 están resueltos, según cifras de la ONU.
Pero la impunidad es un virus que se expande más allá en México: del 93% de los 29,3 millones que sufrieron los mexicanos en 2015 —cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía— se quedaron sin resolver. Eso incluye los más de 18.000 asesinatos que se cometieron ese año (en 2016 fueron 23.000).
Unos 300 periodistas se reunieron en Ciudad de México en junio para sentar las bases de la resistencia y concluyeron, en primer lugar, invitar a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ayudar en la protección y en las investigaciones.
Además, pretenden “que las universidades se conviertan en un refugio, en un santuario de seguridad” para que los periodistas puedan trabajar con garantías, cuenta Escorcia, que explica que se inspiraron en una medida tomada durante la Guerra Civil de El Salvador.
Ayotzinapa, "el resumen del narcoestado"
La desaparición forzosa de 43 estudiantes en 2014 en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, es “el resumen de los males de México”, lamenta Escorcia.
Corría el mes de septiembre y la policía municipal persiguió y atacó a estudiantes de una Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en autobús. Miembros del Ejército fueron como mínimo testigos y posiblemente cómplices, según apuntan investigaciones independientes.
Al menos 43 estudiantes desaparecieron (solo uno fue después hallado muerto), 9 fallecieron y 27 fueron heridos.
El gobierno impidió que efectivos del Ejército declararan como testimonios para reconstruir los hechos.
Hasta el día de hoy nadie ha sido condenado por las matanzas y la versión oficial de la Procuradoría General de la República presenta agujeros enormes que la hacen imposible de creer, tal y como demostró el mismo GIEI y como también denunció el documental ‘Mirar morir’, de Temoris Grecko, disponible en Netflix.
“Al GIEI lo echaron antes de que pudiera terminar su trabajo”, lamenta Grecko, en conversación con PlayGround. El documentalista explica que se esperaba algo como la filtración sobre Pegasus, después de lo que presenció durante su investigación sobre el terreno.
“Nos intentaron marginar de la investigación y, cuando nos fuimos, la gente pedía que nos quedáramos”, confirma, por su parte, la jurista y miembro del GIEI Buitrago, que retrata dos períodos en la investigación: en el segundo, hallaron evidencias como “una zona manipulada el día anterior al hallazgo de los únicos restos mortales que fueron encontrados”, explica.
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“Editaron las llamadas de uno de los abogados para que pareciera que dijo cosas que no dijo”, añade Grecko.
A día de hoy, los padres de las víctimas siguen protestando casi a diario para conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus hijos, cuyos cuerpos no han sido encontrados. “Se reúnen con la Procuraduría para reunirse con el fiscal del caso para discutir los avances y saben que van a que les mientan, a que les sigan engañando”, expresa Grecko.
Y ahora también pueden temer que se les espíe.
No podemos, por ahora, afirmar que el gobierno de EPN haya sido el responsable directo de la investigación fallida de Guerrero ni del espionaje a activistas. Pero si no hubo una intencionalidad desde el Ejecutivo, sí existe una negligencia pasmosa en la falta de ímpetu para esclarecer lo ocurrido (como en otras masacres) y en dejar que el software de espionaje se use de manera ilegal.
Grecko se pregunta también qué hubiera pasado con la investigación del caso de los 43 si en ella se hubieran invertido los 80 millones de dólares que cuesta Pegasus o los 77.000 dólares que vale cada intervención de un teléfono.
Escorcia es más contundente: “Si lo usaran para lo que lo compraron ya habrían desarticulado las redes que tienen secuestrado al país: los Zetas, el cartel de Sinaloa, los gobernadores prófugos... Tantos años estuvieron sin saber dónde están con esa tecnología y que a los activistas los tengan tan controlados es lamentable”.
Algo más optimista, la jurista del GIEI Buitrago recuerda que, en Colombia, un caso similar de espionaje abusivo conocido como Chuzadas terminó con algunos responsables en prisión.
La pregunta no es solo si el Estado mexicano permitirá que eso suceda, sino también si, algún día, la sofisticada tecnología que utilizan para espiar a activistas servirá para reducir una impunidad escandalosa.