Más de 500 policías nacionales de la UDEF realizan registros en diputaciones, ayuntamientos y la Generalitat por la supuesta malversación de fondos a la cooperación internacional para sufragar la organización del referendum
Más de 500 policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están llevado a cabo un macrooperativo en Cataluña que investiga el presunto desvío de fondos públicos para pagar el proceso soberanista.
- La operación, llamada Estela, está realizando registros desde primera hora de este jueves en varias sedes de Generalitat, la Diputación de Barcelona, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que abarcan a las provincias de Tarragona y Girona.
- De momento hay 8 detenidos, entre personas de la Diputación de Barcelona y ayuntamientos, pero se prevé que la cifra ascienda a la treintena. Según apunta El Confidencial, entre los arrestados estaría el diputado Francesc de Dalmases, de Junts pel Cat, que es miembro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
- El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que dirige el despliegue junto a la Fiscalía Anticorrupción de la ciudad, sospecha que fondos que deberían haber sido destinados a la cooperación internacional para países en desarrollo se usaron para costear la organización del referéndum del 1-O. Se les imputa delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.
- La cantidad defraudada acreditada serían dos millones de euros pero la cifra podría alcanzar los 10 millones. Los investigadores apuntan a que las subvenciones a proyectos de desarrollo en países del tercer mundo solo se ejecutaron parcialmente o incluso no se llegaron a realizar. El dinero habría acabado para sufragar el material, actos y publicidad del procés.
- Los presupuestos de 2017 de la Generalitat contemplaron 17,4 millones de euros para la cooperación internacional que se dividieron a la gestión de la Agencia Catalana de Cooperación y la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores, de la que se encargaba Raül Romeva, uno de los exconsejeros en prisión.