El presidente de El Salvador autoriza ‘fuerza letal’ contra maras en plena pandemia

Si bien el crimen organizado en El Salvador se ha convertido en algo cotidiano en las últimas décadas y ha posicionado al país como uno de los más peligrosos del mundo, las cifras del último año apuntaban a un retroceso de los homicidios sin precedentes: el país pasó de registrar 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 36 en 2019.

Pero como está ocurriendo con otros problemas sociales —economía, derechos humanos, violencia de género, hambre—, parece que la pandemia sólo está descomponiendo más lo que ya estaba descompuesto: El Salvador ha registrado 40 homicidios en las últimas 72 horas, lo que rompe con la reciente tendencia "favorable" de dos asesinados al día.

El presidente Nayib Bukele adjudicó este brutal aumento de homicidios a las maras y autorizó el uso de la "fuerza letal" contra pandilleros “en defensa propia o de la vida de los salvadoreños”: "Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia".

Se desconoce si estos homicidios estallaron por conflictos entre grupos criminales, por querer ampliar el control territorial o si se cometieron contra civiles que se saltaron la cuarentena —algunas maras, como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, ordenaron el confinamiento social bajo amenaza de muerte. En cualquier caso, las autoridades sospechan que los cabecillas encarcelados dieron órdenes al exterior.

Para poner fin a "asociaciones terroristas", los arrestados que hasta ahora convivían en la misma celda con sus grupos pandilleros fueron separados y mezclados con grupos rivales este fin de semana: “No van a ver ni un rayo del sol, van a pasar en encierro total 24 horas al día”, según órdenes de Bukele.

¿"Otro abuso de poder" del presidente?

Pero esta medida ha hecho sonar las alarmas entre organizaciones de derechos humanos porque, lejos de suponer una solución efectiva al crimen y fomentar una sociedad democrática, puede constituir un abuso de poder del gobierno salvadoreño y dar carta blanca para cometer violaciones contra arrestados y sospechosos —es decir: generar más violencia.

Para la directora de Amnistía Internacional en América, Érika Guevara Rosas, “las políticas de mano dura de gobiernos anteriores sólo han generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias”, comentó a El País.

Otras organizaciones humanitarias como Human Rights Watch y opositores de Bukele señalan que su comportamiento es propio de un autócrata y que no es la primera vez que lo demuestra.

El pasado 9 de febrero, el presidente de El Salvador irrumpió con militares en el congreso como un gesto de autoridad y presión para que los diputados aprobaran presupuestos relacionados con la seguridad del país, un acto que la oposición tachó de "intento de golpe de estado".

Ante la imposibilidad de llevar a cabo una sesión parlamentaria avalada por el legislativo, Bukele salió del congreso y dijo a sus seguidores que Dios acababa de hablarle y pedirle paciencia.

La crisis sanitaria de Covid-19 ha puesto de manifesto una dinámica presidencial en El Salvador que muchos designarían como antidemocrática: Bukele tuitea decretos y da por sentado su vigencia, mientras que la corte suprema de justicia declara estas decisiones como improcedentes al no estar decretadas por la vía legal.

Pero las disputas entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial iniciaron con la nueva presidencia y diversos organismos internacionales han alertado de las consecuencias que podrían derivarse.

¿Nuevo paradigma del crimen organizado en El Salvador?

La guerra civil de 1980-1992 en El Salvador se considera el catalizador de las pandillas en el país, que se fortalecieron con la pobreza severa y las desigualdades persistentes. Hasta ahora, ningún plan de seguridad, ni el encarcelamiento masivo, ni el diálogo han puesto fin a décadas de violencia organizada.

Aproximadamente, existen unos 60 mil pandilleros en un país de 6,5 millones de habitantes, pero su poder sobrepasa cualquier cifra: "mantienen una presencia amenazadora en 247 de los 262 municipios del país. Extorsionan a cerca del 70 por ciento de los comercios. Desplazan a comunidades enteras de sus hogares y empujan a miles de salvadoreños a embarcarse en viajes peligrosos para cruzar la frontera de Estados Unidos. Su violencia le cuesta a El Salvador cuatro mil millones de dólares al año, según un estudio del Banco Central de Reserva del país", indica The New York Times.

La medida de Bukele pretende debilitar un fenómeno que ha sobrevivido durante años, pero el resultado también podría ser opuesto al deseado. ¿Mezclar a rivales en la misma celda apaciguará los ánimos y frenará el crimen en el exterior? ¿O propiciará que las pandillas dejen sus disputas a un lado para consolidarse como una fuerza unilateral más sólida y amenazadora?

En 2004, el gobierno de aquel entonces "entregó" las cárceles a las pandillas en un intento desesperado por detener la violencia masiva, pero lo que consiguió es que se organizaran como unidades más fuertes.

Inevitablemente, que las maras reunieran en un mismo penal a miles de sus miembros sólo radicalizó más a las pandillas y convirtió a estos centros en cuarteles generales del crimen organizado.

“La política gubernamental carcelaria ha cohesionado y consolidado la identidad de las pandillas, ha incrementado el sentido de lealtad, ha fortalecido los liderazgos y ha fomentado el odio hacia la pandilla rival. [...] El propio Estado ha legitimado las cárceles como un espacio y territorio bajo control pandillero, desde el cual estos grupos operan”, afirmó la adémica salvadoreña Jeannette Aguilar en su publicación Los resultados contraproducentes de las políticas antipandillas (2007).

Separar en 2020 a miembros del mismo grupo para mutilar su estructura y capacidad de planificación no suena tan descabellado si se toma como referente antagónico lo que ocurrió 2004. Pero lo cierto es que todo ha cambiado mucho desde entonces, y las pandillas no fueron tan eficaces y feroces en 1992 como en 2004 ni en 2004 como en 2015. Las próximas semanas definirán el nuevo paradigma.