El gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro está ya en el poder y no ha tardado en aplicar medidas en consonancia con la agresividad mostrada durante la campaña: el objetivo de las primeras medidas del nuevo gobierno han sido los comunistas, el colectivo LGTB y la minoría indígena.
El ministro de la presidencia, Onyx Lorenzoni, ha anunciado que se destituirán a todos los funcionarios que defiendan ideales "comunistas". El primer paso para ello ha sido el despido fulminante de 300 funcionarios con contratos temporales. "No tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad", ha declarado Lorenzoni, que dice obedecer el mandato de las urnas. "La sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual", añadió el ministro en este sentido.
Además de la purga ideológica en la administración pública, Lorenzoni ha anunciado que el gobierno venderá todos los inmuebles innecesarios que pertenezcan al Estado. "Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles lo que causa gastos inmensos de mantenimiento", aseguró también el ministro. Este también ha afirmado que el criterio para la reducción de la administración será totalmente "técnico".
Por otro lado, Bolsonaro ha ordenado por decreto, a través de una "medida provisoria", la exclusión del colectivo LGTB como sujeto de políticas y directrices pro-derechos humanos, dirigidas a las minorías más vulnerables.
La nueva cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos, dirigida por la pastora evangélica conservadora Damares Alves, menciona explícitamente la protección de "mujeres, niños y adolescentes, juventud, ancianos, personas con discapacidad, población negra, minorías étnicas y sociales e indígenas", pero no a personas del colectivo LGTB, que sí estaban incluidas en la antigua Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de la Persona Anciana, sustituida por el nuevo ministerio.
Alves es defensora de una agenda que ensalza los valores de la familia tradicional y es abiertamente antifeminista y contraria a los derechos reproductivos. En imágenes de su celebración del triunfo electoral, exclamaba que, "en el nuevo Brasil", los niños vestirían "de azul" y las niñas "de rosa".
Otra de las primeras medidas del nuevo gobierno también afectan a los indígenas. Nuevamente por decreto, Bolsonaro ha dado plenos poderes al Ministerio de Agricultura para identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas. Esto ha generado especial preocupación en los movimientos indigenistas, que ven en la titular de esta cartera, Tereza Cristina Correa, una enemiga directa.
Correa ha representado en el congreso a los hacendados que desde hace décadas están en lucha por el territorio contra las comunidades indígeneas. La nueva ministra ha salido al paso de las críticas asegurando que el traspaso de funciones no afectará a la delimitación de las tierras indígenas.
Sin embargo, el propio Bolsonaro, justificó a través de Twitter las nuevas atribuciones del Ministerio de Agricultura de esta forma: "Más del 15% del territorio nacional está delimitado como tierra de indígenas y descendientes de esclavos. Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados del Brasil de verdad, explotadas y manipuladas por ONGs. Vamos a integrar juntos a estas ciudades y a valorar a todos los brasileños".
Entre las primeras medidas de Bolsonaro también ha habido otras de matiz económico, como el aumento del salario mínimo un 4,61%, quedando fijado en unos 257 dólares. Esta subida es menor a la que previó el gobierno saliente de Michel Temer para 2019, que fijaba la cantidad en los presupuestos en 259 dólares.