Los abogados David Peña y Karla Micheel Salas, últimas víctimas del espionaje ilegal del Estado a través de Pegasus
En agosto de 2015, los abogados mexicanos y defensores de los derechos humanos Karla Micheel Salas y David Peña asumieron la defensa legal de un homicidio múltiple conocido como caso Narvarte, nombre de la colonia del D.F. donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Ambos habían abandonado tiempo antes el estado de Veracruz, entonces presidido por el hoy preso Javier Duarte, debido a las amenazas que recibían allí por ejercer su trabajo.
Un mes después de asumir la defensa del caso, recibieron mensajes SMS sospechosos como el de una extraña invitación a un velatorio acompañados con enlaces.
Clicar a esos enlaces significaba ser espiado por Pegasus, el software vendido tan solo a gobiernos para intervenir teléfonos móviles. Lo confirmó este miércoles Citizen Lab, departamento de investigación asociado a la Universidad de Toronto que ya desveló junto a The New York Times en junio el espionaje de otras 19 víctimas de este tipo de intervenciones sin orden judicial, y por tanto ilegales. La mayoría eran periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos.
Eso sí, dos años después del crimen, todavía no se sabe cuál fue la motivación. Las versiones de la Procuradoría sobre el asesinato han ido cambiando y aún hoy dicen que todas las líneas de investigación siguen abiertas.
Como en el caso de la desaparición forzosa de estudiantes en Ayotzinapa y el espionaje contra los abogados defensores de las víctimas y los expertos internacionales que acudieron para dilucidar el caso, se tiene más constancia de que algún eslabón del estado mexicano haya investigado a los investigadores que a los propios criminales. PlayGround explicó el caso en un reciente reportaje en profundidad.
"Lejos de buscar justicia y verdad se busca amedrentar y obstruir para detener a la justicia al investigar a los abogados", lamenta a PlayGround Ana Ruelas, drectora en México de Article 13, una ONG por la libertad de expresión que no solo colaboró en las investigaciones de Citizen Lab, sino que también colitiga junto a los abogados recientemente mencionados en el caso Narvarte.
Ruelas dice "se busca amedrentar"porque todavía se desconoce quién utilizó de manera ilegal esta herramienta de espionaje.
"Queremos que se investigue a la Procuraduría, al CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y a SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno), porque sabemos que son los autorizados para utilizar Pegasus. No descartamos que existan gobiernos estatales que hayan adquirido este software", reflexiona Ruelas.
Apunta a la posibilidad de que exista una relación con el sexenio en que Duarte fue gobernador de Veracruz, durante el cual era el Estado más peligroso para los periodistas.
En la investigación del caso Narvarte, de hecho, la defensa de las víctimas pidió que se investigara también una posible implicación del gobierno estatal. De hecho, Nadia Vera dijo, tiempo antes de abandonar Veracruz, que si le sucedía algo, la culpa era de dicha administración.
Aunque no existan pruebas de que el presidente Enrique Peña Nieto sea responsable directo de las intervenciones, Ruelas lamenta que "no hay una intención real del gobierno para garantizar que este caso no caiga en la impunidad como todos los casos".
Y explica: "Nos reunimos con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y dijo que aceptaba la integración de un grupo de expertos para la asistencia técnica que apoye y verifique que hubo intento de intervención. Esperamos que se acepte la lista de personas expertas".
Inciso: los expertos internacionales que llegaron a México para ayudar en la investigación de Ayotzinapa, el GIEI, también fueron espiados por Pegasus. "Sí, sí, ya hemos comentado que todavía pueden espiar a los nuevos expertos y esto se convierta en un cuento de nunca acabar", comenta Ruelas.
La negligencia de Peña Nieto empieza por permitir que se use Pegasus sin orden judicial contra activistas. Prosigue cuando "es la investigación periodística y no su voluntad de transparencia quien desvela el escándalo" y tiene un episodio más al final de la historia: "Una de las cosas que se han pedido desde que se vienen conociendo estas intervenciones es que las instituciones expliquen quién está contratando este servicio, cómo se aprobó el protocolo de uso y qué funcionarios tienen acceso a estas licencias".
Estas informaciones, cuenta Ruelas, serían decisivas para saber lo siguiente: "¿Quiénes son los que espían y para qué lo querían? Y, sobre todo: ¿qué es lo que el gobierno está buscando en esas personas críticas que buscan justicia y verdad?".
Las dificultades para investigar este espionaje son similares a las que se enfrentan los abogados y defensores de derechos humanos a la hora de esclarecer cualquier otro crimen en el que pueda el Estado haber metido sus zarpas, según Ruelas. "La Fiscalía no es independiente, tiene muchos vínculos con el Estado y eso hace imposible las investigaciones", dice
Estas intervenciones reducen los lujos de la información y por la libertad de expresión. No se pueden interpretar por separado el espionaje y el asesinato de activistas y periodistas —Ana Ruelas
La activista lamenta que el conocimiento de este espionaje "cambia el estilo de vida" de los espiados. "Las comunicaciones que pensaban que eran entre dos ya no se llevan a cabo y los espiados ya no tienen tan claro llevar un teléfono móvil en el bolsillo.
"Estas intervenciones reducen los lujos de la información y por la libertad de expresión", lamenta Ruelas que, por ello, cree que no se pueden interpretar por separado el espionaje y el asesinato de activistas y periodistas (15 en lo que va de año), porque son dos modos claros de intimidación a quienes defienden los derechos humanos o investigan o retratan sus violaciones mediante reportajes.
En el caso de la colonia Narvarte, "la Procuraduría intentó crear una contra-narrativa que criminalizaba a las víctimas", lamenta Ruelas, que explica los cambios de la versión oficial sobre el consumo de drogas de los asesinados o la posibilidad de que fuera un robo "de un cochinito con 6.000 pesos" a lo largo de las falllidas investigaciones.
Eso sí, quien quiera que usó Pegasus creyó más oportuno hacerlo para espiar a los abogados de las víctimas que a los sospechosos de la matanza.