Las autoridades polacas lanzaron la ley en febrero para borrar cualquier rastro que relacionase a sus paisanos como colaboracionistas del genocidio nazi
Polonia ha dado un paso para atrás en su cruzada de negación de la memoria histórica al enmendar el pasado miércoles la polémica ley que incluía penas de cárcel de hasta tres años para quienes afirmasen que las autoridades o ciudadanos polacos colaboraron con el exterminio nazi. De esta forma, se suprimen los cargos criminales con penas de cárcel por usar expresiones como "campos de concentración polacos".
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La ley fue lanzada en febrero de este año generando una fuerte polémica diplomática con Israel y Estados Unidos, que acusaron a Polonia de desafiar "la verdad histórica" y de un intento de esconder la complicidad de diferentes sectores de la sociedad polaca con los ocupantes nazis. Israel también acusó a Polonia de que la ley abría las puertas a perseguir a supervivientes del Holocausto que hubiesen denunciado crímenes cometidos por polacos en el contexto del genocidio nazi.
El Parlamento ha enmendado las penas de cárcel de esta ley con una amplia mayoría de 388 votos a favor y 25 en contra. La cámara está dominada por el partido derechista y nacionalista en el Gobierno Ley y Justicia, impulsor de la ley aprobada a principios de año. El partido justificaba esta ley como una herramienta para combatir la distorsión ofrecida por varios medios internacionales que señalaban los campos de concentración nazis en Polonia como Auschwitz-Birkenau como "campos de concentración polacos". Si bien estos campos fueron establecidos y gestionados por oficiales alemanes, hubo población polaca que colaboró con ellos.
Paralelamente a la ley enmendada, organismos privados como la Liga Polaca contra la Difamación han secundado la política de memoria histórica de su gobierno acosando a medios internacionales, entre ellos PlayGround, para que rectificasen informaciones documentadas históricamente que señalaban responsabilidades de individuos polacos en la matanza nazi en su país.
Se prevé que la enmienda para retirar las penas de cárcel previstas por la ley ponga en oposición a este y otros grupos nacionalistas con el gobierno, al mismo tiempo que se espera que mejoren las relaciones diplomáticas con Israel y EEUU.