El último cuerpo encontrado ha sido el de José Andrés de Larrañaga, a quien mataron el 1 de octubre
Parece el argumento de una película de terror, el bullying llevado al extremo: el pasado 1 de octubre, el universitario oaxaqueño José Andrés de Larrañaga, de apenas 20 años, fue asesinado por tres de sus compañeros en Puebla (México) después de que estos lo secuestraran. El caso del estudiante de ingeniería se suma al de otros 7 universitarios que corrieron la misma suerte: desde 1998 se registran en la zona al menos 8 casos de alumnos secuestrados y asesinados por sus compañeros.
Son secuestros cuyo móvil es sacar dinero a las familias pero, al reconocer en muchos casos las víctimas a sus captores —sus propios compañeros y, a veces, incluso amigos—, la cosa se complicaba y el desenlace era fatal. En otros casos, como el de De Larrañaga, los secuestradores ya tenían en mente matarlo. El estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz en la Universidad de Ciencias y Desarrollo (UDES) fue interceptado por tres compañeros el pasado 1 de octubre cuando salía de clase en su propio coche. Según fuentes de la investigación, murió estrangulado a sangre fría. El 4 de octubre se halló su cuerpo a las afueras de la ciudad y, al día siguiente, fueron detenidos los culpables.
La policía ha determinado que sus compañeros tenían la intención de matarlo para luego vender el coche y exigir igualmente el rescate a la familia.
Este mismo año también fue secuestrado y asesinado Aldo Islas Todd, estudiante de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Un amigo suyo le citó en un centro comercial para salir de fiesta juntos. Este llegó con un grupo de otras cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, con las que se metieron en un taxi y fueron a un motel cercano. Allí es donde la víctima se dio cuenta de que era un secuestro y sus captores la asfixiaron. Después de haberlo matado, los secuestradores llegaron a hacer 12 llamadas exigiendo 750.000 pesos a la familia por el rescate. Fueron estas llamadas las que condujeron a la policía a detenerlos.
El caso anterior al de Islas Todd se remonta a 2015. Isarve Cano Vargas, de 19 años era estudiante de Psicología en la BUAP. El 27 de abril de ese año, un amigo suyo quedó con ella en Puebla para ir a Tehuacán, donde no se supo más de ella. Su amigo la había entregado a otros tres amigos, entre los que figuraba el hijo de un delegado del PAN en el Instituto Nacional de Migración. Esperaban repartirse un botín de 2 millones de pesos, como exigieron a la familia hasta 10 veces después de haberla matado. Cano Vargas era nieta de un exdiputado federal del PRI y sobrina de dos conocidos empresarios. El cuerpo de la víctima fue encontrado casi un mes después, el 20 de mayo. Todos los culpables están en prisión salvo el amigo de la víctima, que quedó en libertad después de que se estableciese que su detención fue arbitraria.
También en 2015, en febrero, la estudiante de Cultura Física de la BUAP Sebastián Préstamo fue secuestrado y asesinato por un compañero suyo de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, campus de Puebla. Préstamo había recibido como regalo de cumpleaños un Mercedes-Benz último modelo, hecho que desató la envidia de su asesino. Este quedó con la víctima para ir en el coche a buscar comida a un puesto de un barrio residencial, donde dijo que venían otros dos amigos. Uno de ellos era primo del amigo de la víctima. Al percatarse de que era un secuestro, Préstamo fue apuñalado hasta morir. Posteriormente, los tres secuestradores llamaron a la familia exigiendo 15 millones de pesos. El cadáver fue encontrado en una localidad de Veracruz. Los tres asesinos fueron capturados por la policía y han sido condenados a 7 años de prisión.
El móvil de estos secuestros es la envidia u obtener dinero de las familias de estudiantes adinerados. El hecho de que las víctimas terminen por reconocer a los secuestradores es lo que muchas veces provoca que sean asesinadas
En 2014, fue también secuestrada y asesinada la estudiante de Cultura Física de la BUAP Irais Ortega. Estaba embarazada de 6 meses cuando sucedieron los hechos. El 21 de agosto, el exnovio de la víctima la citó para entregarle dinero para los gastos del embarazo. El asesino se presentó en el lugar junto a la que era su actual pareja. Ambos secuestraron a Ortega, a quien le inyectaron una sustancia tóxica que provocaría su muerte y la del feto. Luego descuartizaron el cadáver y se deshicieron de él. Los dos sospechosos fueron detenidos.
Otro caso nos lleva a 2008, cuando la estudiante de Diseño y Producción Publicitaria (DPP) de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) Karina Reyes Luna fue secuestrada por un amigo y compañero, ayudado por otros dos sujetos. La víctima era hija de un rector universitario y sobrina de un arzobispo. Los captores pidieron por su liberación un millón de dólares, aunque luego terminarían por asesinarla. Los culpables fueron condenados a 65 años de prisión por secuestro y homicidio, aunque cumplieron 10 años entre rejas por irregularidades en el proceso.
En 2001, una compañera de clase de la estudiante de Odontología de la UPAPEP Marisol Catalán planeó secuestrarla. El novio de la amiga de la víctima tenía deudas con la matrícula universitaria y con el pago de una camioneta nueva. Su pareja le convenció de que secuestrar a Catalán sería lo más fácil para aliviar sus cargas económicas, ya que la víctima era hija de un empresario y tenía un carácter "débil". Así, la amiga de la víctima citó a esta para un trabajo de la universidad en una panadería, cuando su novio y un tercer sujeto se introdujeron en el coche de Catalán y fingieron secuestrar a las dos para no levantar las sospechas de la víctima. Posteriormente llamaron a la familia y exigieron un pago de 400.000 pesos, pero la madre reconoció la voz del novio de la amiga de su hija. Posteriormente fue la propia víctima la que reconoció que su amiga y la pareja de esta le habían traicionado. En ese momento decidieron deshacerse de ella. Los tres criminales fueron detenidos y condenados a 50 años de prisión. El padre de la víctima se quitó la vida años después, sumido en una fuerte depresión.
El primero de los casos se remonta a 1998, cuando un compañero de clase de Patricia Gómez Osorno decidió secuestrarla para extorsionar a su familia. Lo hizo con ayuda de dos amigos y, nuevamente, cuando la víctima los reconoció, decidieron matarla. En este caso, la víctima murió ahorcada y su cadáver fue abandonado en un pozo. Los asesinos pidieron igualmente una elevada cantidad a la familia una vez muerta Gómez Osorno. Fueron capturados y condenados a 50 años.
