El Gobierno se plantea instalar máquinas de retorno de botellas en la calle para que todo el mundo recicle
Con un planeta colapsado de desperdicios plásticos, la pequeña Malta quiere contribuir a frenar la contaminación.
Para diciembre de 2019, en toda la isla se quieren colocar 350 máquinas de devolución de botellas de refrescos. Las típicas que se compran para saciar la sed por la calle y acaban en cualquier sitio. Pero el sistema para promover su reciclaje es sencillo. Los consumidores pagarán 10 céntimos más por el refresco, cantidad que se les devolverá al retornar el envase en las máquinas correspondientes.
"Estamos decididos a cambiar la mentalidad de las personas y enseñarles que hay un precio para tirar basura", declaró José Herrera, ministro de Medio Ambiente del país. No les costará nada a los que hagan los deberes.
El plan del Ministerio se encuentra en fase de consulta pública a los ciudadanos.
Malta está tomando medidas para cumplir los objetivos de reciclaje impuestos por la Unión Europea en los próximos años. El ministro destacó que solo el 14% de los envases PET y el 4% de las latas se reciclan. El Parlamento Europeo aprobó cuotas de reciclaje de plásticos del 55% para 2035, un cifra que grupos ecologistas critican por ser escasa.
Después de que el pasado enero China restringiera la importación de residuos que absorbe de otros países, el modelo de desprenderse de los plásticos en la región asiática entró en crisis.
Los defensores del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) argumentan que recoger las botellas específicamente -en lugar de en un contenedor donde se vierten muchos tipos de plásticos-, favorece que el plástico reciclado sea de buena calidad, necesario para darle otra vida y que las compañías no recurran al petróleo para crear unas nuevas.
Malta aspira a reciclar un 70% de los envases de refrescos en el primer año con el SDDR y aumentarlo al 90% en los tres siguientes. La idea es que estas máquinas también estén en restaurantes y negocios, con un depósito de flujo rápido en su caso. Las compañías deberán incluir un logotipo distintivo para los botellas que se reciclarían de este modo.
La broma de engañar al sistema les podría salir cara a los productores de refrescos: las multas podrían ascender hasta los 50.000 euros y a penas de hasta seis meses de prisión.