El área abarca parques protegidos y pone en peligro a cinco pueblos indígenas
No tienen DNI, ni acceso a los servicios sanitarios, no están censados, son aproximadamente unos 5.000 y se cree que recurrieron al aislamiento para asegurar su supervivencia. Son los los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial (Piaci), las comunidades más huidizas de Perú. Viven en zonas recónditas de la Amazonia y apenas mantienen contacto con el mundo exterior.
Ahora, su modo de vida se ve amenazado por una nueva ley que ha promulgado el Congreso de Perú. Bajo el nombre de Ley 30723, la normativa declara “de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en las zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en la región Ucayali”, según informa el diario oficial.
La ley surgió por iniciativa del congresista Glider Ushñahua y fue respaldada por su partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. El Ministerio de Cultura, el ente encargado de la protección de las comunidades indígenas, rechazó el proyecto por considerar que vulneraba los derechos de estos pueblos. Sin embargo, la normativa fue aprobada por el Congreso el pasado 15 de diciembre y nunca fue vetada por el Gobierno, por lo que al pasar el plazo estipulado la ley ha sido promulgada.
La polémica normativa llega tan solo unos días después de la visita del papa Francisco al Amazonas. El máximo representante de los católicos defendió a los pueblos indígenas e hizo un alegato a favor de la conservación de la mayor superficie boscosa del planeta.
A pesar de que la norma señala que la construcción de las vías se debe realizar "bajo el estricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan", ha provocado la indignación entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los colectivos indígenas, que creen que esta máxima no se va a cumplir.
La Comisión de Pueblos emitió un comunicado en el que rechazaba la ley “"porque atenta contra el derecho de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) quienes subsisten en condiciones de extrema vulnerabilidad". "La norma afecta directamente a tres reservas indígenas, dos reservas territoriales, tres parques nacionales y una reserva comunal, entre los que se ubican el Manu y Alto Purús", señaló el congresista del Frente Amplio y presidente de la Comisión, Marcos Arana.
Conocida como Ley 30723, la normativa declara “de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en las zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en la región Ucayali”
Y no solo eso, según denuncian desde esta organización, también se verán amenazadas las poblaciones indígenas que obtienen alimentos en esas zonas. “Podría verse amenazada su propia subsistencia frente al riesgo de contagio de enfermedades foráneas durante la construcción", explicaron.
Desde la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental también han advertido acerca de la construcción de la carretera. Según la organización, la normativa podría propiciar el desarrollo de actividades ilegales: “los caminos atraen a los forasteros que trafican con nuestra tierra, registran nuestra madera, así como a traficantes de drogas y mineros ilegales",
"Tenemos un estado que toma decisiones de espaldas a la Amazonía y sus pueblos indígenas", declaró Iván Lanegra, ex ministro de asuntos indígenas. Además, la nueva ley va en contra de los compromisos de Perú con el medioambiente y de un fallo judicial que declara la protección del bosque de interés nacional. La red de carreteras podría provocar la deforestación de 2.750 kilómetros cuadrados de selva Amazónica.