La niña estaba completamente sana cuando fue puesta bajo custodia del centro pero murió 20 días después por una infección pulmonar
Yazmin Juárez, de 20 años, y su hija de 18 meses, Mariee, fueron detenidas en marzo cruzando la frontera de Estados Unidos a través de Río Grande. Juárez decidió dejar su hogar en Guatemala buscando una vida mejor y seis semanas después no podía hacer nada para evitar la muerte de su hija por una supuesta negligencia médica en el centro de inmigración de Texas.
Así lo asegura la madre y sus abogados que defienden la mala atención médica que recibió la pequeña en las instalaciones de uno de los centros conocidos como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) después de contraer una infección respiratoria grave. Sólo después de comprobar que las constantes vitales de la menor no dejaban de empeorar, Juárez y Mariee fueron liberadas pero el Hospital de Niños de Filadelfia no pudo hacer nada para salvar su vida.
"Fue terriblemente mal tratada durante casi un mes. Con condiciones inseguras, atención médica negligente y supervisión inadecuada", apunta el comunicado de los abogados de la firma Arnold & Porter que reclama 40 millones de dólares en daños y perjuicios en la demanda por homicidio.
Por si fuera poco, la demanda incluye la opinión profesional del doctor Benard Dreyer, ex presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, quien revisó los registros médicos de la menor en el ICE y asegura que el personal médico no cumplió con el "estándar básico de atención" con "prácticas problemáticas" no supervisadas por pediatras. "Si hay signos de enfermedad persistente y graves en un niño, hay que buscar atención de emergencia", dijo Dreyer. "El personal de ICE no buscó atención de emergencia para Mariee, ni hicieron nada para recibir antibióticos por vía intravenosa cuando la menor no podía mantenerse bajo los antibióticos orales".
Hay que recalcar que el ICE bajo sospecha está en Dilley (Texas) y es el más grande de los tres centros de detención familiar de la zona con una capacidad para 2.400 personas. Este caso añade mucha más presión a la polémica decisión de la administración Trump de separar a los hijos de sus padres después de entrar ilegalmente en EEUU.
Los abogados insisten que trabajan "para garantizar que ninguna otra familia sufra una pérdida tan innecesaria y devastadora". Fuentes oficiales del Servicio de Inmigración de EEUU aseguran que ya están estudiando el caso y de momento no han querido responder a las acusaciones directas de la madre con el litigio en marcha.
