Los grupos más afectados podrían ser la comunidad LGBT+, indígenas, migrantes, pacientes con VIH y mujeres que soliciten el aborto
El Congreso de Nuevo León, México, aprobó recientemente la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería. Esto significa que el equipo sanitario, ya sea en centros públicos o privados, podrá negar la atención “cuando determinados procedimientos se consideren contrarios a sus creencias personales, por motivos éticos, morales o religiosos”, a excepción de cuando esté en riesgo la vida del paciente o exista una urgencia médica.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la reforma —que obtuvo 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención— presenta aspectos que podrían derivar a confusión y limitar los derechos humanos de algunos grupos y comunidades vulnerables. Esto se debe a que no se han establecido de forma expresa las obligaciones de las instituciones sanitarias.
Por un lado, no se garantiza la presencia de personal ‘no objetor de conciencia’ en las unidades médicas, lo que limita el derecho al paciente de ser atendido por otro profesional, en caso de que el primero le niegue el servicio. Esto también implica que el personal ‘objetor’ no está obligado a dar una solución que garantice la atención en otra institución con capacidad resolutiva, en caso de que en la suya no exista personal dispuesto a brindar apoyo.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esta reforma aplicada en la Ley Estatal de Salud podría afectar mayoritariamente a los grupos más vulnerables —aquellos que se enfrentan a algunas dificultades sociopolíticas y/o de recursos—, teniendo en cuenta la situación de riesgo en la que a menudo se encuentran: comunidad LGBT+, migrantes, indígenas, pacientes con VIH y mujeres que soliciten aborto.
Otras organizaciones que trabajan con estos grupos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), han advertido que esta medida podría violar los derechos humanos de las personas y la califican como un acto de discriminación.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también alertó sobre la posibilidad de que la reforma se traduzca “en un impedimento para que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos”.
Por otra parte, el secretario de gobierno de Nuevo León, Manuel González, informó que el Ejecutivo del estado “vetará” esta reforma por ser discriminatoria: “no seremos cómplices de este acto de discriminación”.
Ciudad de México, a pesar de contar con derechos como el aborto legal o el matrimonio entre personas del mismo sexo, también reconoce el derecho a la objeción de conciencia desde 2018. Otros lugares que lo avalan son los estados de Jalisco —donde también es legal el matrimonio igualitario— y Yucatán desde inicios de octubre.
En definitiva, la reforma de Nuevo León no garantiza la prestación oportuna e ininterrumpida de los servicios médicos y puede dificultar el acceso al derecho a la salud. Después de la reciente aprobación del aborto en el estado de Oaxaca, esta ha sido la noticia que fractura el avance hacia un México más inclusivo y tolerante.