Por lo menos 12 ciudades mexicanas habrían recurrido a camiones refrigerados para almacenar a cadáveres sin identificar
La semana pasada, se dio a conocer la existencia de una morgue ambulante que transportaba más de 200 cadáveres sin identificar en el estado mexicano de Jalisco, que a estas alturas del año ya reporta 1.533 homicidios, una cifra muy cercana a los 1.552 con la que cerró el 2017. La conmoción en México fue grande y se sucedieron las destituciones pertinentes. Primero al fiscal Raúl Sánchez Jiménez y más tarde al director del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, que tras abandonar su cargo, declaró: “Otros veinte estados del país tienen el mismo problema”.
¿Cuáles son esos problemas? Los contaba Alejandro Puerto, que acudió al Servicio Médico Forense de Jalisco para reconocer a un sobrino, y después de 8 horas de espera escribió su testimonio:
Puerto alabó el trato que las trabajadoras de servicios sociales y algunos doctores tuvieron con los familiares de los desaparecidos y criticó duramente la gestión del escándalo de las morgues rodantes por parte del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de la Fiscalía de Jalisco, así como por Roberto López, secretario general del estado.
En efecto, problemas similares estarían teniendo lugar en otros estados, tal y como pudo comprobar una investigación de Milenio, por lo menos otras seis ciudades mexicanas han empleado las cámaras frigoríficas en camiones para almacenar los cuerpos sin reclamar ni identificar que ya no cabían en sus morgues. Por ejemplo, en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, en el estado de Guerrero, cuentan con 707 cadáveres en sus morgues y habrían comprado 12 camiones con una capacidad para 900 cuerpos en total. En Xalapa y Alvarado, Veracruz, el hallazgo de nuevas fosas comunes en los últimos años, así como el aumento de los asesinatos, habría motivado a las autoridades a comprar un gran tráiler con capacidad para 300 cuerpos. En Tijuana, donde entran en la morgue una media de 300 cadáveres al mes (de enero a agosto de este año ya suman 2.725 personas), se estaría utilizando un camión con capacidad para 50 cuerpos.
En el caso particular de Jalisco, la práctica de almacenar los cuerpos en esta suerte de morgue sobre ruedas dataría de 2016, cuando se propuso como medida provisional hasta la construcción de un nuevo cementerio, que se detuvo poco meses más tarde debido a las protestas de los vecinos. “Le dije al fiscal que no tenía dónde guardar los cuerpos. De hecho, los de la morgue ya estaban apilados”, dijo Cotero. En ese momento, se decidió esconder el camión en un almacén de la ciudad de Tlaquepaque, que había sido construido sin el debido permiso de obras, por lo que tuvo que ser trasladado cuando los inspectores lo descubrieron allí. Los cadáveres hicieron ruta hasta Paseos del Valle, donde quedó atrapado en el barro.
El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, afirmó que todo el problema de debió a la “indolencia y falta de sensibilidad que de ninguna manera se pudo tolerar”. Negó conocer “la acumulación y el traslado de los cuerpos”.
No obstante, el futuro ministro de Seguridad pública, Alfonso Durazo, hizo referencia a la falta de infraestructura y afirmó que los hechos evidenciaban “la insuficiencia de la capacidad instalada en los Servicios Médicos Forenses para conservarlos. Es una expresión de la dimensión de la tragedia que está viviendo el país”.
El mismo Cotero, cuya hija de 37, Indira Cotero, fue secuestrada el pasado mes de julio, señaló la falta de recursos: cada investigador debe gestionar 400 expedientes, una cifra inabarcable. En el caso de Indira, explicó Cotero, “abrieron un expediente, hicieron una llamada y ya está. El crimen organizado tiene más poder que las autoridades locales, de hecho, han conseguido someter al Gobierno”.
En mayo de 2014 ya tuvo lugar un escándalo similar en el estado de Morelos: una gigantesca fosa común fue hallada en Tetelcingo, de donde se exhumaron dos años más tarde 117 cuerpos que habían sido enterrados sin seguir los procedimientos legales porque, de nuevo, las morgues estaban colapsadas y no se les podía mantener en buenas condiciones. El gobierno declaró que no habían sido reclamados. Sin embargo, un informe elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos señaló que era posible que se tratara de encubrimiento de delitos por parte de las autoridades de la fiscalía del estado.